Entre señalamientos de los partidos opositores por la crisis de derechos humanos que enfrenta el país y la postura priísta de defensa a los ‘‘avances legislativos’’ en la materia, reconocidos por organismos internacionales, transcurrió el segundo foro de contraste de plataformas organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión de trabajo fue recurrente la alusión a los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, frente a la reivindicación priísta del de-sempeño gubernamental en el caso de la desaparición de 43 normalistas.

El diputado panista Fernando Rodríguez Doval mencionó los casos de violación de garantías, las difíciles condiciones de trabajo de los periodistas, la tortura generalizada que denunció el relator especial de Naciones Unidas, Juan Méndez, temas todos que han permitido a organizaciones internacionales considerar que el país enfrenta una crisis de derechos humanos.

Dijo que sus informes ubican a México en condiciones difíciles en estas materias. Reconoció la necesidad de reforzar la legislación para acotar los márgenes de abuso de autoridades y ampliar las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Se pronunció asimismo en contra del mando único policial, que promueve el Poder Ejecutivo, y planteó la necesidad de mejorar las condiciones de operación de las corporaciones federales, estatales y municipales.

A su vez, Mariana Benítez leyó el paquete de reformas que a medio sexenio y tras los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa promete el PRI aprobar ‘‘para transitar a una cultura de derechos humanos’’. Enlistó gran cantidad de modificaciones legales para complementar el marco jurídico que refuerce la protección de los ciudadanos.

En su momento, durante la réplica y ante la recurrente alusión a los hechos de Iguala por los partidos opositores, defendió que no todos los organismos internacionales condenan las condiciones de derechos humanos en México y, según dijo, hay muchos que reconocen los avances que en la materia se han logrado a nivel legislativo. En cuanto a las desapariciones, dijo que la Procuraduría General de la República consignó por desaparición forzada a varios de los detenidos, aunque en algunos casos el juez consideró que no se encuadraba ese delito.

Durante su intervención, la petista Lilia Aguilar destacó que los ciudadanos ‘‘otorgan un voto por necesidad, cuando tenemos casos tan significativos como el de los 43, como el de Tlatlaya y como el de Apatzingán, que son solamente la demostración muy clara de la violación sistemática de los derechos humanos en este país’’. Por ello, consideró fundamental restructurar las comisiones de derechos humanos, la nacional y las estatales, para fortalecer la vigilancia en la protección de las garantías ciudadanas.

Por su parte, Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, aseguró que que en nuestros días la mayor crisis que vivimos no es política ni económica, sino la derivada de las violaciones constantes a los derechos humanos, los cuales deberían ser el sustento de la democracia.