ue un accidente, desde luego. Pero en este México donde la justicia cae diariamente abatida no deja de ser significativo que hasta una mampara de un relevante acto institucional se hubiese desprendido de las alturas y hubiese aterrizado encima de los lugares destinados a invitados especiales, que reaccionaron sin mucha compostura para ponerse a salvo de esa descontrolada lámina propagandística integrante del emotivo mural de buenas intenciones correspondiente a un simposio sobre Justicia cotidiana en México que minutos después sería inaugurado en el Museo Nacional de Antropología por el actual habitante de Los Pinos.

Mampara simbólicamente reivindicatoria, a fin de cuentas, en una nación donde la justicia se ha despeñado y donde más que estudios, informes, propuestas y tecnicismos (en este caso, provenientes de foros de consulta realizados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, con la participación de unos 400 expertos), lo que se necesita es una viva y didáctica demostración pública de que en las cúpulas del poder hay un verdadero compromiso de honestidad en el manejo de los recursos públicos y un espíritu ajeno a los privilegios para camarillas y potentados.

La solemne reunión de funcionarios públicos y especialistas en temas de justicia se produjo un día después de que se cumplieron siete meses de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y, por coincidencia o porque tal fue la intención política, ofreció oportunidad exacta a Enrique Peña Nieto para leer reflexiones sobre la justicia cotidiana en México, en un tono de crítica y autocrítica que habiendo detectado las fallas en el proceso estaría ya en ruta de severa corrección. En la práctica, leyó el mexiquense, esa justicia cotidiana suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella o queden insatisfechos con sus resultados.

En la frontera norte del país, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reportaba otras caídas. Cayeron 14 de los 15 jefes del crimen organizado más buscados en Tamaulipas y cayeron los índices delictivos en la entidad, según el hidalguense que confunde las funciones del estadista con los datos acomodables de la estadística, amable difusor de cifras y datos en papel que no corresponden con lo que viven en la realidad cotidiana los habitantes de un estado bajo gobierno regionalmente seccionado de cárteles en pugna, con un encargado del despacho del gobernador que cumple meras tareas ceremoniales, casi fantasmales, y con una población hundida en el temor constante, víctima de agresiones (de parte de fuerzas gubernamentales y de grupos delictivos) que ya ni siquiera son reportadas a las autoridades (sabidamente controladas por la misma delincuencia organizada) y por tanto no aparecen en las alegres cuentas de las que echa mano Osorio Chong a la hora de convertirse en estadístico del optimismo gubernamental tan bien blindado.

El sermón estadístico pronunciado en Reynosa asegura que ahora hay una mejor y más eficaz coordinación entre las fuerzas del orden y que los agentes ya no se han dejado sobornar por la delincuencia. El turismo ha regresado a Tamaulipas y ya no hay tantos bloqueos, enfrentamientos, incendios, entrega de cualquier cantidad de cuerpos mutilados. Algo queda, pero cada vez menos, según el titular de Bucareli, quien hizo amplio y emotivo homenaje a las fuerzas policiacas que han sido pilar de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas que el mismo Osorio Chong puso en marcha un año atrás y que de acuerdo con el mismo funcionario ha funcionado requete bien. Chulada de estadísticas.

A Rogelio Ortega Martínez le cayeron seis meses más como gobernador interino del polvorín llamado Guerrero. Medio año atrás, un arreglo entre el peñismo priísta y el chuchismo perredista le había llevado a la silla de mando que hubo de dejar Ángel Aguirre Rivero a causa de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahora, nuevamente esos factores, el PRI y el PRD, le impulsaron para dar continuidad a un pálido ejercicio gubernamental cuyo máximo logro, acaso único, ha sido el no propiciar reacciones de fuerza pública contra manifestantes que con frecuencia han rebasado el marco legal. Hubiera generado más turbulencias, en el estragado escenario político guerrerense, el remover a quien de alguna manera ya está instalado en la volátil gubernatura de la entidad donde se pugna porque no haya elecciones. Así que Rogelio Ortega cubrirá el tramo final de ese periodo constitucional correspondiente a Aguirre Rivero, quien oportunamente gestionó su licencia definitiva al cargo.

Ese intento de impedir la celebración de comicios, impulsado por familiares de los 43 y el movimiento social que les apoya, está siendo sorteado exitosamente, conforme a las declaraciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien atribuye ese presunto avance a la prudencia institucional y al diseño de nuestro sistema democrático. En el seno del mismo INE no hay tanta emoción declarativa. Capacitadores y personal operativo en varias partes del país protestan porque les retrasan el pago de sus quincenas y por las difíciles condiciones de trabajo que les son impuestas.

Por lo pronto, el citado INE continúa con sus foros partidistas sobre derechos humanos e impartición de justicia, donde varios ponentes han criticado el actuar del peñismo en puntos claves de corrupción y abusos, mientras la representación priísta habla de logros, avances y reformas trascendentes, como si las mamparas y la escenografía institucional no se estuvieran cayendo, atenidas las voces del poder a la visión de las estadísticas y del discurso autocomplaciente. ¡Hasta mañana!

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