Hace un año los agentes fronterizos estadunidenses enfrentaron un fenómeno insólito: decenas de miles de niños centroamericanos, muchos más que lo usual, irrumpieron por la frontera desde México. En vez de correr de la migra, se entregaban con la esperanza de llegar a quedar libres para unirse a familiares en Estados Unidos mediante una laguna en la ley de inmigración. Imágenes en televisión de jóvenes desarrapados en campos de detención horrorizaron a los estadunidenses y a toda la región.

De entonces a la fecha los números han bajado un poco y las cámaras se han ido a otra parte, aunque el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza aún dice que más de 15 mil menores sin compañía han sido detenidos en los seis meses pasados (ver tabla). Muchos más habrían llegado si no hubieran sido detenidos por una seguridad más estricta en el sur de México. La patrulla fronteriza mexicana deportó a un tercio de migrantes centroamericanos más en 2014 que el año anterior.

En la reciente Cumbre en Panamá, el 10 y 11 de abril, Barack Obama reiteró su objetivo general de gastar mil millones de dólares el año próximo para atender las causas de la inmigración procedente de Guatemala, El Salvador y Honduras, región conocida como Triángulo Norte. Expertos opinan que su propuesta, combinada con esfuerzos conjuntos de los tres países por detener a los jóvenes que pretenden emigrar, marca nuevas formas positivas de buscar un resurgimiento de esa región, la más violenta de América Latina. Sin embargo, enfrentan enormes obstáculos.

Los mil millones de dólares etiquetados para los tres países, promovidos sobre todo por el vicepresidente Joe Biden, son tres veces lo que Estados Unidos ha destinado a la región el año pasado. Doris Meissner, del Instituto de Política Migratoria, organismo privado, señala que el gobierno de Obama merece mucho crédito por apegarse al tema después de que los medios perdieron interés. Cuatro quintas partes de la propuesta apuntan a construir instituciones civiles y fomentar el desarrollo económico. Es un cambio importante respecto del enfoque usual de aplicación de la ley, afirma Adam Isacson, del grupo activista Oficina de América Latina en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés).

Aún se necesita que el Congreso apruebe la iniciativa, y las sumas podrían recortarse. El dinero estadunidense no bastará para resolver el problema, pero si el Congreso bloquea el paquete de ayuda socavará esfuerzos de los tres gobiernos centroamericanos por poner en marcha sus propios planes para contener el éxodo, señala Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala.

Reconociendo un conjunto compartido de problemas, los tres gobiernos han acordado un plan común para impulsar industrias creadoras de empleos, como el turismo, las manufacturas y las agroempresas. También planean fortalecer la infraestructura regional y recortar el costo de la energía, que es el más alto de América Latina. En la cumbre de Panamá, Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, y Juan Orlando Hernández, de Honduras, propusieron forjar una unión aduanal, lo cual permitiría el libre tránsito de bienes por la frontera común y reduciría así costos de transporte. Esperan que pronto incluya a El Salvador. Los tres países también negocian con México un gasoducto que lleve gas mexicano a la región, lo cual ayudaría a impulsar su red eléctrica compartida y reduciría costos de energía. Todo esto, si ocurre, creará un bloque económico que debe atraer mayor inversión.

La llamada Alianza para la Prosperidad también considera mejorar la educación, la seguridad pública, el acceso a la justicia e instituciones como las dependencias recaudadoras de impuestos. Estos temas son más difíciles de acometer regionalmente que país por país. Sin embargo, ya se han logrado algunos avances. Antes de la crisis migratoria, Hernández firmó un acuerdo con Transparencia Internacional para auditar el gasto público en áreas como educación y salud. Kurt Ver Beek, cofundador de la filial hondureña de Transparencia, afirma que esto debe garantizar a Estados Unidos que los mil millones de Biden no se malversarán.

Persisten otros obstáculos. La violencia en El Salvador ha crecido desde que se rompió una tregua entre bandas, el año pasado. Marzo fue el mes más letal en una década. Guatemala tuvo elecciones presidenciales en septiembre, lo cual puede hacer más lento el proceso de integración. Pérez afirma que procurará que el impulso continúe después que deje el cargo, señalando que la Alianza para la Prosperidad es un plan nacional, no de gobierno. Pero tiene en puerta una confrontación con Estados Unidos si no logra renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, respaldada por la ONU, orientada a fortalecer el débil sistema de justicia. Biden declaró en marzo que sin un nuevo mandato para esa comisión en septiembre, el Congreso de Estados Unidos sería renuente a apoyar la solicitud de ayuda. Pérez, derechista que protege a personas que pudieron haber cometido crímenes durante la guerra civil en el país, respondió que no aceptaría imposiciones.

Estados Unidos ayudó a desencadenar los problemas de la región, tanto al respaldar a regímenes antisoviéticos en la década de 1980 como al expulsar a miembros de mafias de Los Ángeles a El Salvador en la de 1990. En fechas más recientes se ha enfocado en la aplicación de la ley y el combate al narcotráfico. Vale la pena intentar un nuevo enfoque, en el que Estados Unidos, México y donadores internacionales trabajen junto con los gobiernos de Centroamérica para ir a las raíces de los peores problemas regionales.

Economist Intelligence Unit

Traducción: Jorge Anaya

En asociación con Infoestratégica