Con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia, el incumplimiento de las obligaciones al derecho de acceso a la información será castigado ya sea con medidas de apremio, sanciones económicas e incluso podría llegar a denuncias ante las autoridades correspondientes.

A diferencia de la actual Ley Federal de Transparencia, que sólo establece responsabilidades administrativas, a partir de ahora el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales podrá aplicar sanciones.

La inclusión de esta vertiente está en función de las diversas acciones u omisiones en las cuales podrían incurrir los sujetos obligados cuando, por ejemplo, incumplan con las respuestas a las solicitudes en los plazos señalados; exista actuación negligente; haya dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes y usen, sustraigan, divulguen, alteren, mutilen, destruyan o inutilicen total o parcialmente, sin causa legítima, información que tengan en su poder.

Otras causales que pudieran derivar en la imposición de sanciones es la entrega de información incomprensible, incompleta o en formato no accesible; apelar a causales de reserva de datos sin razón alguna; declarar la inexistencia de la información cuando en realidad se cuente con ella; no desclasificar información reservada o intimidar a los solicitantes de información.

La presidenta del Ifai, Ximena Puente, aseveró que el catálogo de sanciones que los órganos garantes pueden imponer por incumplimiento es posible que incluyan multas de entre 500 y mil 500 días de salario mínimo de la zona correspondiente, los cuales, por añadidura, no podrán ser liquidados por el funcionario con recursos públicos.

En el caso del Ifai, comentó, corresponderá a la Comisión de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones determinar los castigos, si bien la Ley General de Transparencia deja a las legislaciones federal y estatales los criterios para definirlas y, en su caso, aplicarlas.

Los incumplimientos podrían derivar, incluso en la presentación de denuncias ante las autoridades correspondientes. En el caso de faltas en que incurran los partidos políticos, los casos se turnarán al Instituto Nacional Electoral, para que determine la multa correspondiente.