Los dos mayores problemas que enfrenta hoy la libertad de expresión en México y América Latina son la violencia de los grupos del crimen organizado y los intentos de los gobiernos por controlar la discusión pública de diversos temas, aunque el peor escenario para los periodistas es cuando los delincuentes logran infiltrar el Estado, pues de esta forma las autoridades encargadas de protegerlos son los primeros en agredirlos.

Afirmó lo anterior Catalina Botero, ex relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien lamentó que la aplicación de mecanismos legales para proteger a los periodistas y los defensores de las garantías básicas no funcionan en México.

Al participar ayer en un seminario sobre violencia y paz, organizado por El Colegio de México, la especialista colombiana indicó que muchos grupos de delincuentes buscan silenciar por completo a los comunicadores que investigan sus actividades, con la complicidad de autoridades, que simplemente miran para otro lado.

Por otra parte, dijo, los periodistas también suelen ser blanco de gobiernos con mentalidad de guerra, que buscan cercenar la deliberación pública y cuyas instituciones no entienden que el rol de la prensa es documentar sus acciones y criticarlos, sin que eso signifique que están contra ellos o en favor de sus enemigos.

Sin embargo, el peor de los mundos posibles para los periodistas es aquel donde el crimen se asocia con el Estado y coopta las instituciones públicas, porque es entonces cuando el encargado de hacer valer los derechos humanos es quien los viola en primer término.

Ante dicho escenario, apuntó Botero, es necesario denunciar los intentos de represión soft ejercidos por muchos gobiernos de la región, los cuales presionan para definir qué son las noticias de interés público y deslegitiman a los comunicadores que no siguen sus dictados.

De igual forma, hay que protestar ante los casos de censura ejercidos por dueños de medios que están usufructuando el espectro radioeléctrico y, por ende, tienen límites en sus decisiones de cerrar un espacio informativo crítico, subrayó la jurista, quien mencionó el caso del reciente despido de Carmen Aristegui de MVS.

Por otro lado, recordó que México está en los primeros lugares de la lista de las naciones más peligrosas del mundo para el ejercicio de la libertad de expresión, y deploró que los mecanismos de protección de periodistas y defensores de derechos humanos han sido un desastre en el país, entre otros elementos, debido a la falta de personal adecuado, presupuesto y diseño institucional.

En el mismo foro, Laura Borbolla, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, admitió que la protección de los periodistas enfrenta muchos obstáculos, entre ellos la definición misma de quién puede ser considerado como tal.

Además, los diferentes estados de la República han tipificado de maneras muy diversas las agresiones contra comunicadores, y en por por lo menos dos entidades federativas todavía se les puede procesar por difamación y calumnia.

La fiscal señaló que de 2014 a la fecha han consignado a 76 personas por actos de violencia contra periodistas –la mayoría de ellos relacionados con amenazas y abusos de autoridad–, pero lamentó que entre 10 y 15 por ciento de estos casos no generan sentencia condenatoria porque los jueces se declaran incompetentes o los delitos son clasificados como no graves.