l dar a conocer los resultados de un análisis realizado de manera conjunta entre el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el director de este último organismo, Luis Alberto Moreno, dijo que los gobiernos latinoamericanos deben emprender cuanto antes reformas en el manejo de las pensiones para evitar la pobreza de los adultos mayores y precisó que, mientras la porción de latinoamericanos mayores de 65 años pasará de 7 por ciento a casi 20 por ciento en 30 años, se corre el riesgo de que entre 63 y 83 millones de personas carezcan de pensión.

El dato estadístico mencionado da cuenta de una situación preocupante que, si no se atiende, podría representar una bomba de tiempo económica y social para la región.

En efecto, a la pérdida de competitividad que representará el hecho de tener una población cada vez más vieja se sumará la amenaza de un sector amplio de la población en Latinoamérica que no dispondrá de los recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades elementales.

Ello se traducirá en un mercado regional cada vez más deprimido, con una pérdida crónica de consumidores y en un círculo vicioso que redundará en menores oportunidades de empleo y una presión social creciente sobre las instituciones públicas responsables de los servicios de salud y asistencia social. Por otra parte, en una región recorrida por los flagelos de la delincuencia y la inequidad social, el empobrecimiento de la población adulta y la falta de recursos representará una amenaza de desgaste y confrontación adicional en entornos familiares, lo cual puede empeorar la situación de un tejido social de por sí desgarrado.

Debe recordarse que el sistema de pensiones adoptado en la región es una de las herencias más cuestionables del giro neoliberal que emprendieron diversos gobiernos latinoamericanos a finales del siglo XX y que, en países como México, se mantiene hasta nuestros días. Presentado como una alternativa a modalidades de jubilación que resultaban financieramente inviables, hoy queda claro que el sistema tecnocrático de pensiones encierra un indeseable riesgo de exclusión social y desestabilización económica en gran escala. En retrospectiva, es claro que no podía ser de otra manera: a fin de cuentas, la administración de los recursos para las jubilaciones de los trabajadores ha dejado de ser vista en países como el nuestro como un factor de seguridad económica y de bienestar social, y se ha erigido en instrumento de especulación financiera en beneficio de un puñado de empresas privadas, en su mayoría extranjeras.

Es necesario, en suma, que los gobiernos de la región atiendan los señalamientos de los organismos referidos –entre los que se encuentran dos viejos promotores del actual modelo de pensiones– y modifiquen el sistema actual basado en la capitalización individual, caracterizado por los elevados cobros de comisiones de las administradoras y por las pérdidas bursátiles que cíclicamente afectan el ahorro de trabajadores formales. En un entorno caracterizado por la falta de empleo formal, el rezago social inveterado y la insuficiencia de servicios de salud y atención de sectores vulnerables, la persistencia de ese sistema se convierte en un factor de riesgo inaceptable y peligroso para la región, sus habitantes y gobiernos.