La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avanza en la construcción de criterios jurídicos para que en todas las entidades del país se garantice el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, sin la necesidad de que sean reformadas las leyes estatales que todavía señalan que dicha unión es entre un hombre y una mujer.

Al conceder amparos a parejas homosexuales en contra de las legislaciones locales que les impiden contraer matrimonio o legalizar relaciones de concubinato, la primera sala del máximo tribunal abrió la puerta para que, vía amparo, los estados de la República se vean obligados a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque su respectiva legislación no lo contemple.

Amparos contra legislaciones locales

Aun cuando esas resoluciones únicamente favorecen a los demandantes, los argumentos jurídicos aprobados por la Corte son suficientes para que las parejas del mismo sexo impugnen la negativa a reconocer oficialmente su unión, con muchas posibilidades de éxito, explicaron fuentes judiciales.

La primera sala ha concedido amparos contra las legislaciones del estado de México, Oaxaca, Colima, Baja California y Sinaloa, por considerar que violan la Constitución al definir un modelo único de familia, basado en la unión de un hombre y una mujer.

Está pendiente de resolver un amparo en contra de la legislación de Jalisco sobre el mismo tema. La primera sala estableció el criterio a partir de los asuntos resueltos en los últimos dos años, que si bien es incuestionable que los congresos estatales tienen libertad de configuración para regular el estado civil de las personas, ésta se encuentra limitada por los mandatos y el reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.

Los amparos concedidos vinculan a todas las autoridades estatales, por lo que las sentencias cierran toda posibilidad al incumplimiento de sus efectos. Además, los ministros han definido que la discriminación a las parejas del mismo sexo es producto de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra, los cuales son injustificados a la luz de la Constitución.

La primera entidad federativa que reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo fue el Distrito Federal, en 2010.