l ex vicepresidente español y antiguo director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, fue detenido por unas horas e interrogado ayer en Madrid por la policía fiscal, la cual cateó su vivienda, su despacho principal y otros locales de su propiedad. Las acciones policiales se realizaron en el marco de una investigación por delitos de fraude, lavado de dinero y ocultamiento de bienes, las cuales se suman a otras causas abiertas contra el ex funcionario por su papel en la quiebra de la empresa financiera Bankia –un conglomerado de cajas de ahorro para ricos que hubo de ser rescatado con más de 23 mil millones de euros– y por uso indebido de tarjetas de crédito propiedad de esa institución, las cuales fueron utilizadas por Rato y sus colaboradores para gastos personales y, para colmo, sin declarar al fisco las percepciones correspondientes.
Aunque el que llegó a ser el segundo hombre más poderoso en los gobiernos de José María Aznar (perteneciente al Partido Popular, PP, actualmente en el gobierno) es investigado desde hace unos años, su detención temporal y el cúmulo de imputaciones a las que tiene que hacer frente cimbraron el ambiente político español. La presidencia que encabeza Mariano Rajoy ha pretendido salir del paso al afirmar que el caso prueba que en el país la justicia se aplica para todos
y que el estado de derecho está vigente. Sin embargo, diversos sectores ciudadanos y políticos se preguntan en qué medida las acciones judiciales contra Rato son una suerte de vendetta interna en las filas del PP, en tanto que otros las interpretan como una política de control de daños orientada a desviar la atención de otras circunstancias graves de corrupción en un régimen cuyo partido gobernante ha sido mantenido, por años, por una trama de operaciones financieras tan ilícitas como turbias, que ha salido lentamente a la luz mediante otra investigación judicial: el llamado caso Gürtel, protagonizado por el ex financista del PP Luis Bárcenas. Por si fuera poco, la propia familia del rey Felipe se encuentra involucrada, por las personas de su hermana, la infanta Cristina, y su cuñado, Iñaki Urdangarin, por las pesquisas en torno a manejos financieros oscuros y fraudulentos.
En términos de política interna los hechos referidos –así fuera la causa contra Rato una maniobra distractora– constituyen un severo golpe para la credibilidad del PP, del gobierno de Rajoy y del conjunto de la institucionalidad. Tales episodios, además, socavan el discurso tradicional que Madrid dirige a otros países –en especial a naciones latinoamericanas– desde una posición de pretendida superioridad moral, normalidad democrática, transparencia y vigencia del estado de derecho. A juzgar por la extensión de las corruptelas en el seno del partido que actualmente gobierna, y que hacen palidecer incluso las cometidas durante los primeros gobiernos del Socialista Obrero Español (PSOE, hoy en la oposición), la corrupción es un fenómeno que florece por igual en ambas orillas del Atlántico.
Por último, las investigaciones judiciales contra Rato obligan a ver bajo una nueva luz el proceder de organismos como el FMI –del que el investigado fue presidente–, pues es claro que nada los exime de ser dirigidos por personas de probidad dudosa. Ello deja ver el gravísimo peligro de que las decisiones en esas instancias, generadoras de políticas económicas con frecuencia desastrosas para los países en los que son impuestas, estén orientadas ya no por la ideología neoliberal, sino por intereses mafiosos de sus directivos.
