La Cámara de Diputados ratificó ayer sin cambios la minuta del Senado sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que amplía el catálogo de sujetos obligados a entregar datos, pero que deja fuera a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Estado Mayor Presidencial, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Además, el consejero jurídico de la Presidencia de la República podrá interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando considere que la información solicitada pone en riesgo la seguridad nacional.

Las dos cámaras del Congreso se autorizaron una prórroga de seis meses, a partir de que la ley sea publicada por el Ejecutivo, para que la obligación de transparentar el ejercicio de su gasto no entre en vigor de inmediato.

A pesar de ello, el presidente de la Comisión de Gobernación –instancia que elaboró el dictamen–, Abel Salgado (PRI), sostuvo que se termina cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.

Salgado dijo que en atención a la demanda ciudadana se amplió el catálogo de sujetos obligados y se constituye el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos; y se facilita el acceso y construcción de portales de consulta con una plataforma nacional.

En contraste, la diputada Lilia Aguilar Gil, sostuvo que la ley “no sólo es contradictoria, sino esquizofrénica, porque en diciembre la consejería jurídica de la Presidencia presentó 80 observaciones al dictamen, que no son públicas en una ley de transparencia.

La consejería jurídica, refirió, solicitó a los senadores sancionar a los organismos garantes del acceso a la información pública cuando entregaran datos incómodos al gobierno federal.

Imagínense la barbaridad, ¿quién iba a determinar lo que se podía transparentar o no, y además castigar si se daba la información equivocada?, exclamó.

En el otro extremo, la diputada Ruth Zavaleta (PVEM) afirmó que con la ley se terminará “la simulación de gobiernos que se dicen democráticos y reservan la información por 12 años de los segundos pisos del Periférico y de la línea dorada del Metro”. Fue más allá: ¡Esta ley revoluciona al Estado mexicano en su sistema democrático!

El panista Fernando Rodríguez mencionó que los ciudadanos están hartos de que existan políticos y funcionarios que usan los recursos públicos como si fueran personales; de que los sindicatos no rindan cuentas; y que existan poderes opacos que no transparentan sus propias finanzas.

Zuleyma Huidobro cuestionó que la información sobre a qué empresas se les condona impuestos será entregada hasta que un juez determine que no se pone en peligro la estabilidad económica del país.

Es decir, todo lo que sea un peligro, a decir del gobierno, no será transparente porque, efectivamente, pone en riesgo los intereses personales de los servidores, dijo.