En la muerte de 22 civiles en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, estado de México, ‘‘se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados, hecho que tuvo por consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales’’, concluyó el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que investigó el caso.

El 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, consideró la instancia legislativa, se violaron los derechos a la vida en agravio de 15 personas; a la verdad y a la debida procuración de justicia en agravio de 25 personas y de un número indeterminado de víctimas indirectas, y a la integridad, en agravio de tres.

En su informe final, que fue turnado a la mesa directiva para que se conozca en la sesión ordinaria del martes, la comisión planteó que ‘‘es necesario e ingente que todas las autoridades desechen las versiones iniciales de que los 22 integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento’’ y se ordene un regreso paulatino a sus cuarteles de militares encargados de tareas de seguridad pública.

Los diputados Elena Tapia Fonllem (PRD), presidenta del grupo; Loretta Ortiz Ahlf (PT), Ricardo Fidel Pacheco (PRI), Víctor Sánchez Guerrero (PAN) y René Fujiwara (Panal) aprobaron por unanimidad el documento de 46 cuartillas.

Fidel Pacheco solicitó incluir un párrafo en el que los diputados no prejuzguen sobre la responsabilidad o no de los militares o funcionarios involucrados.

El grupo pidió que el texto con 39 conclusiones se turne a los titulares del Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Senado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los legisladores expusieron que diversas razones impiden determinar con precisión las circunstancias de la muerte de 22 personas en Tlatlaya.

Enumeraron: ‘‘Alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por parte de elementos de la Sedena; la tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes, presuntamente por funcionarios del gobierno del estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales presuntamente incurrieron servidores públicos’’ mexiquenses.

Para el grupo de trabajo, el esclarecimiento de los hechos debe tener, como consecuencia necesaria, acciones y proyectos del Estado en su conjunto para la prevención, investigación, sanción y no repetición de conductas violatorias de derechos humanos.

Los diputados cuestionaron que la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) otorgaron información insuficiente, desde la cadena de mando de los militares que participaron hasta el motivo de la Procuraduría General de Justicia del estado de México para llegar seis horas después de los hechos a San Pedro Limón.

Plantearon como imprescindible que la Defensa Nacional ‘‘esclarezca las fallas en la actuación de sus elementos relativas al respeto, protección y garantía de los derechos humanos; al control estricto de sus actos por parte de superiores; al cumplimiento de protocolos sobre la interacción con civiles, incluyendo el registro en video y audio de sus acciones’’.

Asimismo, al ‘‘cumplimiento a las obligaciones sobre el resguardo de elementos, de la escena de los hechos y de los cuerpos, y a la definición clara de una jerarquía de mando interna y en relación con las autoridades civiles, durante los acontecimientos en Tlatlaya’’.

También, que aclare ‘‘las responsabilidades penal, administrativa y de la disciplina militar de los elementos que integraron la cadena de mando, más allá de los soldados y el oficial bajo proceso, que estuvieron o no presentes en Tlatlaya, pero que tenían la responsabilidad de supervisar’’ a sus subordinados.

El grupo de trabajo consideró necesario que el gobierno del estado de México aclare las razones por las cuales la procuraduría estatal no investigó la alteración de elementos y de la escena de los hechos, así como el desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original, ni estudió la posibilidad de actos de homicidio en agravio de civiles mientras el caso aún era de su competencia.

Y finalmente definió ‘‘de suma importancia que la PGR informe públicamente los avances de las investigaciones de los militares bajo custodia y diga si inició investigaciones penales por el daño a derechos humanos derivado de la dilación de 11 semanas para comenzar la averiguación previa por el asesinato de 22 personas’’.