Sao Paulo.

El tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, fue arrestado este miércoles acusado de aceptar sobornos y lavar dinero de la estatal Petroleo Brasileiro (Petrobras), hecho que aumenta la presión sobre el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en el mayor escándalo por corrupción en la historia de Brasil. El PT defendió la inocencia del detenido.

La esposa de Vaccari, Giselda Rousie Lima, es investigada por corrupción pasiva, mientras su cuñada, Marice Correia Lima, también está bajo investigación por la compra y venta sospechosa de un departamento, según fuentes juciciales brasileñas.

El tesorero del PT, partido que gobierna Brasil desde hace 12 años, está acusado de recibir sobornos provenientes de contratos amañados y registrarlos como donaciones electorales.

En una conferencia de prensa celebrada en la sureña Curitiba, Paraná, el fiscal Carlos Fernandes Santos dijo que fueron encontrados depósitos no identificados por más de 300 mil reales (unos 100 mil dólares) a lo largo de tres años en cuentas de parientes de Vaccari.

El PT indicó este miércoles que la detención de su tesorero era innecesaria, y subrayó que su abogado pedirá un habeas corpus para pedir su liberación. Reafirmamos nuestra confianza en la inocencia de Joao Vaccari Neto, no sólo por su conducta al frente de la tesorería, sino también porque en el estado democrático de derecho prevalece el principio fundamental de que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, señaló el PT en un comunicado. Por razones prácticas Vaccari solicitó su alejamiento del cargo de tesorero, añadió el partido.

Trece senadores, 22 diputados, dos gobernadores, ex funcionarios del Poder Ejecutivo y Vaccari son investigados por la corrupción en Petrobras.

El gobierno brasileño anunció un acuerdo con autoridades suizas para repatriar unos 60 millones de reales (20 millones de dólares), desviados de manera ilegal por una red de corrupción descubierta por la Policía Federal en 2003.

El ministro brasileño de Justicia, José Eduardo Cardozo, informó que la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia pactaron con las autoridades de Suiza la devolución del dinero, desviado en un esquema de venta de sentencias judiciales dentro de la justicia federal brasileña.

El caso, conocido como Operación Anaconda, se inició en 2003 tras las denuncias contra el juez federal Joao Carlos da Rocha Mattos, acusado de ser el líder de la banda que vendía las sentencias y que solía favorecer a narcotrafiantes, y quien fue condenado a 12 años de prisión.

En otro asunto, una mujer murió por una bala perdida durante un enfrentamiento entre soldados y presuntos traficantes de drogas que operan en un barrio en Río de Janeiro, informó el ejército este miércoles.