or falta de discursos no ha de quejarse el periodismo mexicano. Ayer, frente al Consejo de la Comunicación (la voz de las empresas, según su propia definición), Enrique Peña Nieto aseguró con grandilocuencia que México es un país donde la libertad de expresión y el acceso a la información forman parte de su normalidad democrática. Según la optimista retórica de autoconsumo del mexiquense, la libre manifestación de ideas es una conquista de la nación y se refleja en la vitalidad de medios impresos y electrónicos que participan en este ejercicio.

Entusiasta, dio referencias cuantitativas, pues precisó que en nuestro país se publican diariamente 600 periódicos, circulan 650 revistas, se producen miles de programas en radio y televisión, y ha crecido notablemente la participación de los mexicanos en Internet, particularmente en cuentas de Twitter y Facebook.

Sin embargo, más allá de la exaltación del flujo informativo en sí, poco puede presumir el peñismo en cuanto al respeto e impulso de un periodismo crítico y moderno, plural y participativo. Por el contrario, los densos meses que lleva en el poder este grupo (ni siquiera ha cumplido la mitad de su penoso transitar) han significado la recuperación y engrosamiento de los peores vicios del priísmo más tradicional, mediante entendimientos generosos con medios, figuras y directivos alineados con los libretos oficiales y el forcejeo, el condicionamiento o la supresión de los espacios que no se ajustan a los lineamientos deseados en las cúpulas presupuestalmente armadas.

A fin de cuentas, en lo que va de la actual administración federal se ha buscado instaurar un confinamiento manejable en cuanto al periodismo crítico. El golpe más seco que se ha producido en este periodo ha sido la suspensión del programa de Carmen Aristegui, cuya ausencia, al frente de un profesional equipo de trabajo, resuena didácticamente cada mañana mexicana para demostrar a los ciudadanos que las voces distintas pueden ser acalladas por los poderes y que la normalidad deseada por esas cúpulas requiere de planicies periodísticas repletas de escenarios similares y de ríos de información sin análisis verdaderamente crítico, en una frivolización mediática que cree posible disimular así las aristas reprobables de la realidad nacional.

Cierto es que ayer se dio a conocer que un juez federal, Fernando Silva, concedió la suspensión provisional solicitada en el caso y ordenó al grupo MVS sentarse a negociar con la periodista Carmen Aristegui, con la intervención de un conciliador imparcial, a efecto de que busquen un acuerdo que permita reanudar la transmisión del noticiero radiofónico (el entrecomillado corresponde a la nota de Alfredo Méndez en el portal de La Jornada). También es alentadora la instrucción de que se dejen de aplicar los lineamientos periodísticos impuestos por la empresa, y la advertencia preliminar de que el contrato entre periodista y MVS podría estar en riesgo y significar inhibiciones a la libertad de expresión. Pero han de tomarse con reservas procesales estas primeras expresiones judiciales, pues corresponden a una fase inicial de un largo litigio en el que diferentes instancias y criterios pueden dar volteretas conforme al estilo tan sabido en el ambiente judicial siempre regido por los intereses políticos, en especial los provenientes del Poder Ejecutivo Federal.

El confinamiento del periodismo crítico pasa también por el desentendimiento institucionalizado de las notas, reportajes, investigaciones, artículos, columnas y opiniones que no se ajusten a la compactación pautada. Un ejemplo claro se ha dado en dos casos recientes de escándalos en las alturas por conductas indicativas de abuso de poder y de conflicto de intereses. Una, la de quien fue director de la Conagua, David Korenfeld, a quien se permitió retirarse del cargo sin mayores complicaciones, apenas sujeto a alguna indagación previsiblemente fofa de la secretaría de utilería que encabeza Virgilio Andrade, presuntamente dedicada a combatir actos de corrupción oficial.

En el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y su subsecretario mexiquense, Luis Miranda, se ha confinado la información publicada por Proceso a una zona marginal, atenido el primer funcionario a la insuficiente versión de que sólo paga renta por propiedades suntuosas, sin entrar al fondo del asunto, que es el evidente conflicto de intereses al estar en tratos inmobiliarios con un contratista beneficiado en el Hidalgo que gobernó y en la administración federal en la que concentra inusitado poder (el otro peñista señalado, el subsecretario Miranda, ni siquiera se ha dignado fijar alguna postura pública al respecto).

Tampoco ha desmentido el titular de la Secretaría de Gobernación el dato duro publicado por el semanario dirigido por Rafael Rodríguez Castañeda respecto de la notificación notarial de las operaciones de adquisición de una vivienda en las Lomas de Chapultepec por parte de la esposa de Osorio Chong, quien también es funcionaria, ni más ni menos que directora del DIF nacional.

Al clásico estilo salinista, Los Pinos ni ve ni oye al periodismo crítico y de ser necesario le endereza campañas de estigmatización, pretendiendo contrastar el buen entendimiento de quienes comparten las versiones oficiales con la reincidente e infundada conducta del otro periodismo, el que no quiere ver las buenas noticias según las percibe e induce el lente del poder.

En otro rubro, la reportera Gloria Serrano hizo en La Jornada Maya (www.lajornadamaya.mx, proyecto que encabeza Fabrizio León) una crónica (http://bit.ly/1CLedR5) titulada No hay mejor regalo para el PRI que la división de las izquierdas) de la plática con yucatecos que la semana anterior tuvo en Mérida este tecleador en La Casa de Todos, dirigida por Lorenzo Nicolás Peraza, luego de una invitación por Twitter de Efraín Tzuc.

Y, mientras el solícito INE (tan tolerante con el Verde) censura un espot del PAN sobre el viaje de EPN a Reino Unido, con 200 invitados, ¡hasta mañana!

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