La minuta de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se encuentra en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, también fue remitida a la Comisión de Transparencia para que ésta emita una opinión sobre el contenido.

Si bien ese procedimiento no es obligatorio, sí será decisivo para dar cauce al trámite legislativo.

No obstante, la actuación de la Comisión de Transparencia ha sido errática en San Lázaro, pues su anterior sesión ordinaria fue en diciembre de 2014.

A pesar de la urgencia porque se emita una nueva ley en la materia, y de la andanada de escándalos en partidos políticos e instituciones públicas, la Comisión de Transparencia, encabezada por la diputada priísta Arely Madrid Tovilla, no se ha caracterizado por ser proactiva en esos temas. En San Lázaro se ha comentado que la legisladora se encuentra indispuesta por un malestar de salud.

Aún así, son 35 asuntos únicos rezagados en su seno, comparte otros 11 en comisiones unidas, además de que tiene el mandato de emitir una opinión de la presidencia cameral.

Entre los asuntos para opinión destacan la minuta del Senado que expide la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El dictamen final lo elabora Comisión de Gobernación.

Los puntos de acuerdo pendientes que sobresalen son los referentes a los inmuebles de la Presidencia de la República, uno más de la empresa Higa en Puebla, y otro sobre la presunta corrupción del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

Para dictaminar se encuentran la minuta que reforma la Ley de Obras públicas, en la cual se incluye el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios

También, la iniciativa para preservar la laicidad en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos suscrita por diputados de PRI, PRD, PT, MC y Panal.