Pachuca, Hgo.

Unos 2 mil campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta) se manifestaron afuera de la Procuraduría local, el Tribunal Superior de Justicia, y el Instituto Estatal del Transporte de Hidalgo, en protesta por la detención de un indígena de la comunidad El Rosario, y el inicio de procedimientos penales contra otros 25 de Bagandhó, ambas localidades del municipio de Ixmiquilpan.

Provenientes de 35 municipios de Hidalgo, los indígenas encabezados por Martha López Ríos, dirigente estatal de la Unta y por líderes regionales de la organización, pidieron ser atendidos por funcionarios de la procuraduría del estado.

El director de averiguaciones previas de la dependencia, Cuauhtémoc Granados, recibió a una comitiva, donde Martha López denunció que de forma injustificada se están girando órdenes de detención contra comuneros de El Rosario derivadas de supuestas denuncias sobre daños a propiedad ajena interpuestas durante el conflicto agrario que sostuvieron con sus vecinos de El Botho, Cardonal.

Explicó que el conflicto se resolvió hace un año con el pago de una indemnización a El Botho por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que no entendemos el por qué se ejecutó la orden de aprehensión contra uno de nuestros compañeros (de quien no dio a conocer el nombre).

Unos 2 mil campesinos de Hidalgo protestaron ayer en la capital Pachuca, frente a varias sedes gubernamentales para exigir la liberación de un indígena de El Rosario, y suspender procedimientos penales contra otros 25 de Bagandhó, ambas localidades del municipio de Ixmiquilpan, entre otras demandasFoto Foto Ricardo Montoya

Agregó que en Bagandhó un grupo de concesionarios del transporte público interpuso denuncias contra 25 vecinos de esa localidad por la supuesta obstrucción a las vías de comunicación, cuando lo que en realidad ocurrió fue que los compañeros, respaldados por toda la comunidad se pusieron a reparar los caminos, lo que despertó el temor de los concesionarios pues hay muchas quejas por el pésimo servicio que dan, explicó.

Cuauhtémoc Granados se limitó a decir que atenderían las demandas de los inconformes.

Posteriormente López y los 2 mil campesinos sostuvieron reuniones con funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Seguridad Publica, y el Instituto Estatal del Transporte para tratar diversos problemas, entre ellos la detención de camionetas pertenecientes a cooperativas de transportistas miembros de la Unta; la norma que obliga a los campesinos a darse de alta en Hacienda para pagar impuestos aunque la mayor parte de sus proyectos son rechazados, entre otras demandas.

Por la mañana, 500 integrantes de la agrupación se manifestaron frente a las oficinas de la delegación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en protesta al recorte de recursos para programas de apoyo al campo.