l director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, anunció ayer su dimisión al cargo derivada del desarrollo que han tenido los hechos de los últimos días, en alusión velada al escándalo por el uso indebido de un helicóptero propiedad de esa dependencia. Debe recordarse que el pasado 31 de marzo se difundió una fotografía que exhibía al ex funcionario y a su familia abordando la aeronave para trasladarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un día después Korenfeld se vio en la necesidad de reconocer el hecho, al que calificó de error inexcusable, si bien trató de justificar el traslado argumentando una dolencia en la rodilla, gesto que, lejos de apaciguar las críticas contra el funcionario, las multiplicó.

La dimisión del hasta ayer director de la Conagua es una medida de obvia necesidad y de mínimo decoro institucional, que no exime, sin embargo, de responsabilidad a las autoridades competentes de realizar pesquisas exhaustivas e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes, toda vez que hay evidencia de que Korenfeld violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuyo artículo 8 establece como obligación de todo funcionario utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos.

Por otra parte, aunque el caso Korenfeld haya acaparado la atención de la opinión pública en días recientes, no debe pasarse por alto que el caso es sólo un botón de muestra del consabido manejo patrimonialista y abusivo de los recursos públicos. Esa conducta no es exclusiva de la administración actual, sino que constituye un vicio característico del régimen y está difundido en buena parte de la clase política: funcionarios, representantes populares, jueces y magistrados, gobiernos estatales y municipales, y organismos autónomos.

En esa lógica resulta inquietante que la renuncia del referido funcionario no haya sido consecuencia de un compromiso gubernamental con la transparencia y la rendición de cuentas de sus servidores públicos, sino resultado de diversos factores contingentes: la difusión de una fotografía tomada por un ciudadano y el carácter impopular que pesaba sobre el propio Korenfeld por su papel de autor y promotor del impugnad proyecto de ley general de aguas, que pretende limitar y privatizar el consumo del líquido, iniciativa que, en ausencia de su principal gestor, debe ahora revisarse a fondo.

Lo anterior obliga a preguntarse cuántos casos de uso indebido de los recursos públicos, tanto o más graves que el comentado, suceden día a día sin ser expuestos a la luz pública y permanecen, por tanto, impunes.

En suma, el episodio protagonizado por el ex titular de la Conagua muestra lo necesaria y urgente que resulta una cruzada para la moralización general de las oficinas públicas. Si esa medida habría sido necesaria y pertinente en cualquier otro momento, lo es especialmente en el actual, cuando prevalece un clima de crisis económica que se traduce en recortes presupuestales. En caso de que el gobierno no actúe en esa dirección, la opinión pública no tendrá razones para ver en la dimisión anunciada ayer más que una medida de control de daños por parte del grupo en el poder, y se alimentará el descontento social que ya campea por el país.