Las prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, infligidos a civiles detenidos por miembros de las fuerzas federales (policías o militares) durante los tres sexenios pasados (dos del PAN y el actual del PRI), han provocado un auge de demandas administrativas contra la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con documentos estadísticos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), consultados por La Jornada.

Entre enero de 2012 y diciembre de 2014, de acuerdo con los registros contenidos en informes anuales del TFJFA, la procuraduría y el Ejército han litigado en ese tribunal al menos mil 254 juicios derivados de reclamaciones administrativas de indemnización presentadas por mexicanos y/o por extranjeros que exigieron pagos millonarios a ambas dependencias, por concepto de reparación de daño moral.

La mayoría de los juicios administrativos derivan de quejas de personas –algunas acusadas de tener vínculos con el crimen organizado– que fueron detenidas mediante prácticas policiacas o militares prohibidas en México, ya sea porque los elementos de las fuerzas federales violaron derechos humanos o debido a que los obligaron a confesar su culpabilidad mediante tortura física o sicológica.   Dos de los casos más sonados son el de Guillermo Vélez Mendoza (quien fue detenido y asesinado bajo tortura en 2002), cuyos familiares fueron indemnizados por la PGR con poco mas de 9 millones de pesos por concepto de reparación de daño moral, y el de las indígenas queretanas Alberta, Jacinta y Teresa (acusadas de haber intentado secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación), quienes en 2013 ganaron un litigio a la dependencia federal y deberán recibir más de un millón de pesos de indemnización cada una.

Otro caso reciente es el que hizo público el abogado especialista en derecho de amparo, Alberto del Castillo del Valle, quien en diciembre pasado informó que la Sedena admitió actos de tortura en agravio de tres oficiales de la milicia acusados de proteger a Los Zetas en Coahuila y los indemnizó con una suma de 49 mil pesos a cada uno.

La Secretaría de la Defensa Nacional indemnizó al teniente de Infantería Sócrates Humberto López Escobar y los subtenientes de Infantería Alexis Ríos Cruz y Francisco Javier Soto Núñez, ya que sus abogados demostraron que los militares fueron objeto de torturas y vejaciones por parte de otros militares, cuando fueron detenidos en marzo de 2011 en Coahuila.

Del Castillo, quien asesoró legalmente al oficial Ríos, dijo en entrevista que el monto de la indemnización no es tan importante como el reconocimiento de torturas por parte de la Sedena, lo cual destacó que debiera derivar en una investigación contra los militares torturadores.