La Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los  Derechos Humanos (CNDH) se oponen a que los estados del país cuenten con leyes locales en materia de trata de personas.

En razón de lo anterior, impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la constitucionalidad de la Ley de Trata de Personas de Quintana Roo, al considerar que dicha norma se aparta de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la protección especializada de las víctimas de ese delito y el derecho a la reparación del daño, lo cual sólo se garantiza en la legislación federal, afirmaron.

En sendas acciones de inconstitucionalidad, la PGR y la CNDH demandan la invalidez de los artículos 3, párrafo último; 6, 7, 8, 11, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la ley, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 23 de diciembre pasado, con el argumento de que invade la competencia del Congreso de la Unión para legislar en la materia y porque crea incertidumbre jurídica, además de que va en contra de diversos artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.

Las demandas fueron admitidas por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien elaborará el proyecto de resolución correspondiente.

La PGR y la CNDH sostienen que el Congreso de la Unión es la única instancia facultada para establecer, mediante una ley general, los tipos y penas en materia de trata de personas, por lo que una legislación local crearía incertidumbre jurídica al existir dos normas, una general y una en la entidad, sobre el mismo tema.