La ruta de operación y evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre resulta ineficiente, lo que representa falta de responsabilidad de las y los servidores públicos involucrados; además, en sentido económico se ha generado daño al erario que ha violentado en gran medida los derechos humanos y dejado de cubrir las primeras necesidades de la población más vulnerable, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la auditoría de desempeño (13-0-20100-07-0275/DS-069) al Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que será presentada por el ente fiscalizador en la Cámara de Diputados la próxima semana, se revisó la consistencia entre el diseño jurídico, programático e institucional de la cruzada, respecto del problema público identificado; la eficiencia en la aplicación de la misma cruzada, en relación con el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para su instrumentación; su cobertura, respecto de la población en pobreza multidimensional extrema y con carencia por acceso a la alimentación de los municipios en donde operó la estrategia; la operación de los programas alimentarios; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos; el ejercicio de los recursos asignados, y la rendición de cuentas.

La Cruzada Nacional contra el Hambre definió cinco objetivos a cumplir: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas poscosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

Los objetivos no resultaron congruentes con las necesidades identificadas, y las acciones transversales planteadas en el decreto para atender de forma integral otras áreas como educación, salud, seguridad social, vivienda e ingreso familiar no fueron tomadas en cuenta, es decir, sólo están enfocados a la atención del problema de carencia alimentaria.

Para la evaluación de la cruzada se definieron ocho indicadores: carencia por acceso a la alimentación (cumplida); promoción de la participación comunitaria (cumplida); carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (incumplida); carencia por rezago educativo (incumplida); carencia por acceso a los servicios de salud (incumplida); y carencia por seguridad social (incumplida).

“Además, se detectó la poca vinculación con los documentos e instrumentos de planeación, seguimiento y operación de la estrategia que debería ir explicitada en relación con los objetivos de las carencias reales que definen la pobreza multidimensional. La cobertura de la cruzada sería en 400 municipios con respecto a la incidencia de pobreza extrema.

La metodología para definir áreas de pobreza extrema por medio de la variable de georreferenciación municipal, no garantiza vislumbrar las necesidades reales de cada persona en cada territorio, la cual resulta ser muy variable.  Y la creación de un listado de pobres extremos con carencia de alimentación identificados y atendidos por la cruzada serviría como herramienta para acotar a la población objetivo, pero no se estipularon las políticas y procedimientos que normaran la integración de dicho listado.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, José Luis Muñoz Soria, detectó, por ejemplo, con el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, que debería ir en beneficio de la población más carente de recursos, no va encaminado a que pueda tener acceso al producto debido a que tiene que pagar para poder obtenerla.

La recomendación de la ASF se enfoca en “implementar estrategias para que toda la población pueda tener acceso a los recursos básicos que ofrece el programa, es decir, deben de ser creados los programas con una visión incluyente y para ello se debe realizar un análisis para identificar de manera puntual las necesidades de la población objeto y sean realmente subsanadas sus necesidades, logrando con ello un desarrollo gradual con miras a lograr una mejor calidad de vida.

Por otro lado, debe tomarse en cuenta que es necesario crear las reglas operación de los programas con el fin de generar una metodología para crear una plataforma de operación directa con la población y que posteriormente va a generar un padrón que servirá como herramienta de control y diagnóstico para mejor gestión y brindar los servicios de forma responsable.

Muñoz Soria insistió que se debe considerar urgente replantear los indicadores que serán transversalmente incluidos en cada una de las metodologías para otorgar y aplicar los programas; la situación de las y los ciudadanos aún se sigue viviendo de manera muy desigual y debe ser atendida con la debida responsabilidad de los temas.

Lamentablemente, con el tema de la pobreza, la población femenina ha sido la más afectada, debido al contexto estructural, cultural, social y político que se vive en el país.  La explicación a la feminización de pobreza en México debe ser un indicador importante que debe ser problematizado y tomado en cuenta para atenderla desde la raíz y generar verdaderos cambios para todas y todos; una sociedad incluyente donde se erradique la desigualdad de género y fomente la participación ciudadana, sin exclusión, es garantía de progreso constante que puede llegar a reducir los niveles de pobreza extrema y discriminación en todas las áreas.