l caso de Octavio Pastrana, consejero independiente de Petróleos Mexicanos, es un ejemplo paradigmático del oscuro y discrecional manejo de los límites entre lo público y lo privado que se presenta con regularidad preocupante en el sector energético de nuestro país.

Socio activo del fondo Mexicano Ictineo Infraestructura, dedicado a la inversión en proyectos de energías renovables; ex directivo de Isolux, empresa que entre 2006 y 2010 suscribió contratos con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad por 2 mil 298.3 millones de pesos, y ex presidente de la trasnacional British Petroleum entre 1995 y 2007, Pastrana ejerce su cargo en el consejo de Pemex –al que arribó a instancias de Enrique Peña Nieto– en un permanente conflicto de interés, por más que él no lo considere así, si se atiende a lo establecido en el Código de Conducta autorizado el pasado 9 de febrero por la empresa productiva del Estado: Existe un conflicto de interés, real o aparente, cuando nuestro interés como consejero(a) o empleado(a), o el de nuestra familia hasta en cuarto grado, o de terceros relacionados, son contrarios, interfieren o pueden interferir en alguna forma con el interés de Pemex o bien cuando nuestras funciones y responsabilidades, se relacionan directamente con negocios privados existentes y/o potenciales.

En un régimen mínimamente apegado a la ética y la pulcritud en el manejo de los cargos y los recursos públicos, el cuestionado nombramiento de un personaje como Pastrana en Pemex no habría sido concebible. En el México contemporáneo, sin embargo, el caso dista de ser aislado.

Apenas el pasado 17 de febrero, otro consejero profesional independiente, Jaime Lomelín Guillén, presentó su renuncia por existir conflicto de intereses al pertenecer al consejo de administración de la minera Grupo Peñoles, que recientemente conformó una subsidiaria para participar en el sector petrolero. Otros funcionarios y ex funcionarios públicos de alto nivel han pasado de ejercer cargos públicos estratégicos a posicionarse como directivos de poderosas empresas del ramo energético: Pedro Aspe Armella, ex titular de Hacienda y Crédito Público y hoy director del Fondo Evercore, que posee 20 por ciento de la petrolera Diavaz; Georgina Kessel, secretaria de Energía en el sexenio de Felipe Calderón y hoy consejera de Iberdrola; José Andrés de Oteyza Fernández, ex titular de Patrimonio y Fomento Industrial, quien hoy preside la empresa OHL en México; ex directores de Pemex como Carlos Ruiz Sacristán y José Suárez Coppel, quienes tras dejar el cargo se enrolaron con las empresas Ienova y Jacobs Nederland BV, proveedoras de servicios para el sector energético del país.

Las relaciones de conveniencia entre ex servidores públicos o funcionarios en activo y empresas vinculadas al negocio de la energía se traduce en un acceso a información gubernamental privilegiada por parte de las segundas. Es de suponer que, en contraparte, el afán de las trasnacionales por incorporar en sus filas a ex funcionarios como los referidos se debe a que ven en ellos una puerta de acceso a la suscripción de contratos con el gobierno.

Al amparo de una reforma energética que fue aprobada mediante albazos legislativos, sin debate de por medio y mediante propaganda gubernamental engañosa –como la afirmación de que bajarían los precios de los combustibles y de la electricidad–, la presencia de perfiles individuales como los mencionados en la administración pública introduce elementos de competencia desleal con el resto de los competidores y fuerza a la población a subsidiar, con sus impuestos, la formación de gestores empresariales.