Sao Paulo.

La policía brasileña investiga a diversos grupos empresariales en el contexto de un nuevo caso de corrupción, al presuntamente defraudar al Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) por cerca de 5 mil 900 millones de dólares mediante sobornos a funcionarios del fisco.

Este nuevo caso de corrupción se suma a otro enorme esquema descubierto en el seno de la petrolera estatal Petrobras. La operación Zelotes (falso celo, en español), llevada a cabo por la policía federal, investiga un sofisticado entramado fraudulento que operaba en el CARF, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que se encarga de juzgar en última instancia las sanciones impuestas por el fisco.

Algunos consejeros del CARF habrían aceptado y promovido sobornos de grandes empresas que debían abonar millonarias multas a la hacienda federal a cambio de fallar en su favor en los juicios y rebajar o ahorrarles así el pago de los impuestos.

Las investigaciones, iniciadas en 2013, apuntaron que la organización actuaba en el órgano patrocinando intereses privados, buscando influenciar y corromper consejeros, con el objetivo de conseguir la anulación o disminuir los valores de los autos de infracciones de la hacienda federal, explicó la policía en un comunicado.

La cantidad defraudada podría rondar 19 mil millones de reales (alrededor de 5 mil 860 millones de dólares al cambio actual), aunque la policía informó que ya fueron identificados daños por casi 6 mil millones de reales (unos mil 850 millones de dólares).

Teniendo en cuenta los millonarios valores, así como la cantidad de implicados, la operación Zelotes podría considerarse tan grande como la que investiga la corrupción en Petrobras, valoró el director de Combate al Crimen Organizado de la policía federal, Oslain Campos Santana. Varios despachos de asesoría y abogacía están siendo inspeccionados en Brasilia, Sao Paulo y otras ciudades.

El grupo utilizaba empresas interpuestas para disimular sus acciones y el flujo de dinero que era lavado y retornaba como patrimonio aparentemente lícito para estas empresas, añadió la policía.

Los investigados que sean finalmente acusados tendrán que responder por los delitos de tráfico de influencias, corrupción pasiva o activa, organización criminal y lavado de dinero, entre otros.