Por primera vez, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai) ordenó a la Secretaría de Gobernación (SG) cancelar los datos biométricos de dos niños, a instancias de su madre, mismos que fueron recabados entre octubre y noviembre de 2012 para la elaboración de la cédula de identidad de menores.

La petición sólo abarca fotografía, las huellas dactilares y el iris, lo cual le fue conferido en función del derecho de cancelación del ciudadano, a pesar de que previamente haya autorizado su uso.

El comisionado Francisco Javier Acuña explicó que la peticionaria argumentó que dos años después de haber sido recabada la información dicho programa no está consolidado, por lo que no existe finalidad que permita a la dependencia conservar los datos personales de mis hijos.

El programa para otorgar cédula de identidad a los menores se impulsó aceleradamente a finales del sexenio pasado, con una inversión de 3 mil millones de pesos, pero en la actualidad se encuentra suspendido.

Acuña explicó que es improcedente el argumento de Gobernación de que la Ley Federal de Transparencia no incluye mandato alguno para tal efecto, a partir de cambios constitucionales que confieren mayor protección a datos personales. La petición se circunscribe a anular la información de biométricos de los menores.

Si bien es cierto que previo a la obtención de información por parte de la Secretaría de Gobernación medió el consentimiento de los padres o tutores, lo cual no está a discusión, también lo es que a la luz del ejercicio de los Derechos Arco (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en cualquier momento se puede solicitar la cancelación de los mismos, previa acreditación de la patria potestad o tutoría, explicó.

Quien ya consintió la entrega de datos personales, dijo, puede perfectamente, por circunstancias diversas, modificar ese consentimiento. Asimismo, mencionó que anteriormente ya se habían presentado 12 solicitudes para cancelar datos biométricos de menores, pero en ningún caso se recurrió la respuesta de Gobernación ante el Ifai.

La propia dependencia ha reconocido que la expedición de la cédula de identidad se encuentra suspendida por falta de equipo, sin que tenga certidumbre de cuándo se reanudaría. La última cifra divulgada sobre el programa reportaba que se habían recabado datos de 6.6 millones de menores de entre cuatro y 17 años, pero se habían entregado 3.4 millones de micas.

La comisionada Patricia Kurczyn abundó sobre el fundamento legal de la resolución, la cual se aprobó por unanimidad. Explicó que con el artículo primero constitucional, todas las autoridades están obligadas a privilegiar la protección más amplia de las personas. Esto es, a favorecer la aplicación del beneficio legal cuando haya un conflicto normativo, cuando esté en duda la interpretación o cuando la ley sea omisa en el tema.

En este caso, si bien la ley de transparencia no señala el procedimiento, es aplicable la protección de datos personales a partir de la disposición constitucional y otros convenios firmados por México en cuanto a derechos humanos.