Las cámaras de Diputados y Senadores exhortaron a las instituciones gubernamentales a investigar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas rescatados en varias empresas de Baja California y Baja California Sur, a los que se mantenía en condiciones de virtual esclavitud, y a dialogar con ellos para atender sus demandas.

En la Cámara de Diputados ayer se aprobó un punto de acuerdo por el cual se pide a la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno de Baja California y el ayuntamiento de Ensenada investigar, atender y resolver las demandas de los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín.

En la sesión, los diputados también exigieron mejorar las medidas de control y supervisión de las condiciones laborales y servicios en que viven y son contratados, así como garantizarles condiciones dignas de trabajo, salud, educación y vivienda.

El pleno hizo un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur a que investiguen y sancionen a los responsables de la violación de los derechos de 200 tarahumaras que eran explotados por la empresa El Cerezo, ubicada en el municipio de Comondú.

Durante la discusión del punto de acuerdo, la diputada Lilia Aguilar (PT) recordó que los rarámuris fueron reclutados con engaños en el municipio de Creel, Chihuahua, y alojados en casas de madera y hule. Además, sólo les prestaban 200 pesos para gastarlos en una tienda de raya, con la promesa de un salario a futuro.

El diputado José Arturo López Cándido (Morena) sostuvo que mientras las empresas agrícolas invierten en alta tecnología mantienen en situación deplorable a sus trabajadores en Guerrero, Michoacán, Veracruz y Oaxaca, a quienes se tienen en condiciones de la época feudal.

El Senado demandó al gobierno federal iniciar una investigación sobre las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas y que la Procuraduría General de la República determine si se configura el delito de trata de personas con fines de explotación.

Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado acordó integrar un grupo plural de legisladores que se encargará de vigilar el irrestricto respeto de los derechos laborales y humanos de los jornaleros de San Quintín.

Este acuerdo fue precedido de intenso debate en el que senadores de PRI, PRD y PT consideraron que el movimiento emprendido por los jornaleros de San Quintín es justo. Algunos senadores del PAN, entre ellos los de Baja California, exigieron no satanizar a los empresarios de esa entidad y sostuvieron que se trata de una disrupción social con trasfondo electoral.