En respuesta al panorama de crisis de derechos humanos en México planteado por el ombdusman nacional, Luis Raúl González Pérez, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que quien quebrante el precepto fundamental de respetar y hacer valer la ley ‘‘tiene que asumir las consecuencias legales que corresponden’’.

Además, el mandatario ratificó la determinación anunciada el 27 de noviembre del año pasado de renovar los protocolos y procedimientos institucionales para erradicar y sancionar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, porque ‘‘en el gobierno de la República estamos claros que no cabe la tolerancia a estas prácticas inhumanas y absolutamente inaceptables’’.

Como parte de los anuncios de ese mismo día, y tras el nuevo llamado de ayer del ombdusman, el jefe del Ejecutivo refirió haber enviado ya al Congreso su iniciativa en materia de tortura y desaparición forzada.

Para castigar tales delitos se adoptarán también las mejores prácticas internacionales, con el fin de garantizar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales, ‘‘y hacer efectivo el derecho a la justicia y a la reparación integral del daño a las víctimas’’.

Ahí mismo también, Peña Nieto respondió al requerimiento del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, para conceder a las recomendaciones de esa instancia la debida atención y cumplimiento. Se comprometió a ‘‘acompañar y prestar mayor atención’’ a los resolutivos del ombdusman y pidió a los gobiernos locales asumir la misma responsabilidad y tareas en ese objetivo.

Peña Nieto recibió de manos de González Pérez el documento del informe correspondiente a 2014. La ceremonia tuvo lugar en Los Pinos, donde acudieron también encargados de las comisiones estatales de derechos humanos, representantes de organismos de la sociedad civil y funcionarios del gobierno federral, como los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Osorio Chong y José Antonio Meade, respectivamente, así como la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez.

Para el mandatario, la esperanza de una convivencia pacífica, armónica y apegada a la ley, sólo podrá concretarse si en el centro de toda la administración pública se ubica la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas. De nuevo se manifestó por impulsar una nueva cultura en favor de los derechos fundamentales como condición necesaria para ejercerlos y exigir su cumplimiento.

Respecto del anuncio de finales del año pasado sobre la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas y de una base nacional de datos genéticos, ya se tiene –indicó– un grupo de trabajo integrado por la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Consejería Jurídica de la Presidencia para definir los lineamientos de ese sistema y se ‘‘está logrando’’ un proyecto de ley general en esa materia.

A la información estadística ofrecida por el presidente de la CNDH, Peña Nieto respondió con datos del propio gobierno federal: en el periodo 2013-2014, las quejas ante la comisión se redujeron 22 por ciento, esto es, mil 986 menos; las recomendaciones a la administración pública federal disminuyeron 60 por ciento, y todas ‘‘se han aceptado’’.

Finalmente, el mandatario reconoció la misión colectiva de la CNDH por la construcción de una sociedad más libre, justa e incluyente, y ratificó su compromiso ‘‘indeclinable’’ con el respeto y protección de las garantías individuales ‘‘por todos los sectores y autoridades’’.