Los derechos humanos en México encaran ‘‘el periodo de crisis más difícil’’ en los 24 años de existencia del ombdusman nacional, debido a las graves violaciones que persisten, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dejó constancia de este escenario en su informe correspondiente a 2014, entregado ayer en Los Pinos al presidente Enrique Peña Nieto.

En su mensaje, el ombdusman denunció además el incumplimiento y la no aceptación de muchas recomendaciones del organismo a través de una política de ‘‘simulación, omisión y falta de apego a la ley’’ por parte de algunas autoridades, lo que constituye por sí mismo una nueva violación de derechos humanos y aumenta la impunidad.

Como hace algunos meses, González Pérez se refirió a los acontecimientos que marcaron el año pasado la realidad nacional y de manera particular a lo ocurrido los pasados 26 y 27 de septiembre: ‘‘Iguala marca un antes y un después para México’’, aseguró.

Tlatlaya y Chalchihuapan

La gravedad de estos hechos ‘‘nos debe hacer reflexionar y replantear el futuro que queremos para nuestro país. Iguala es un asunto no cerrado, en el que hay que buscar la verdad y lograr que los derechos de las víctimas sean reparados’’. Hechos ocurridos en 2014 en materia de derechos humanos representaron ‘‘el despertar y toma de conciencia’’ en la sociedad mexicana, aseguró también.

Con ello, el ombdusman se refería específicamente a la ejecución de al menos 15 civiles desarmados por miembros del Ejército en Tlatlaya, la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa y la represión policiaca a una manifestación en Chalchihuapan, Puebla, donde un niño murió al parecer por una bala de goma disparada por los granaderos.

Pidió al gobierno federal no propiciar ni tolerar la impunidad, pero tampoco aceptar la búsqueda de venganza o la justicia por propia mano. ‘‘Es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responderlas eficazmente’’, planteó.

A lo largo del mensaje, planteó: ‘‘La atención de las violaciones a derechos humanos no concluye con la sola emisión de las recomendaciones. Es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual, en caso de que las autoridades responsables las acepten, así como denunciar pública y decididamente las negativas u obstáculos que se presenten para su cumplimiento’’.

Así, informó que de 2010 a 2014, la CNDH ha presentado 435 denuncias penales, de las cuales han llegado a consignación únicamente 43 casos. Durante 2013 y 2014, el organismo presentó 148 denuncias administrativas, pero sólo 24 han concluido, 124 siguen en trámite y apenas 7 terminaron con una sanción administrativa a los funcionarios involucrados.

En la mayoría de los casos –señaló– el castigo fue únicamente una amonestación o suspensión por 15 días, con sólo dos casos de inhabilitación. Y en otros 17 asuntos, las autoridades no encontraron elementos suficientes para imponer alguna sanción o se alegó que la facultad para ello ya había prescrito.

González Pérez alertó que con esa actitud se revictimiza a quienes sufrieron algún abuso ‘‘y se incurre en una conducta que incide en el aumento de la impunidad y debilita nuestro estado de derecho’’. Solicitó al presidente Peña instruir para que las solicitudes de información de la CNDH ‘‘sean debida y oportunamente atendidas, así como que se revise el cumplimiento dado a las recomendaciones que se les han dirigido e implementen las acciones para su cumplimiento real e integral’’.

Llamó a concretar la ley general en materia de desaparición forzada, los sistemas nacionales de búsqueda de personas no localizadas y el de información genética. Se trata de un imperativo, pues la violencia de la última década ha ocasionado la desaparición de personas, ‘‘las cuales no se han contado, identificado y en consecuencia buscado debidamente’’.

Ese problema. dijo el presidente de la CNDH, no se puede sobredimensionar o relativizar, y las acciones de búsqueda o deslinde de responsabilidades no podrán hacerse ‘‘si no contamos con información real y objetiva’’ para distinguir si se trata de un caso de desaparición forzada, hechos vinculados a la delincuencia organizada u otras causas.

Convino, empero, en que algunos procedimientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ‘‘han resultado inadecuados para su operación oportuna y eficaz’’.