La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja para investigar la probable violación a las garantías básicas de los jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California, y Comondú, Baja California Sur.

A su vez, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, dijo que la próxima semana pedirá un informe por escrito a las procuradurías de justicia de los estados donde se realizaron operativos de rescate de jornaleros, una vez que se cumplan los términos constitucionales en que deben dictarse los autos de formal prisión contra los presuntos responsables.

Al preguntarle si habrá patrones que sean imputados, indicó: espero que sí. Puse las denuncias. No soy Ministerio Público, pero estoy poniendo las denuncias, los testimonios, los videos y las certificaciones de inspección, para que los metan a la cárcel de inmediato.

Agregó que se analiza modificar el protocolo de inspección y hacer que los patrones de los jornaleros paguen a la Secretaría de Desarrollo Social comedores comunitarios, es decir, que los ponga la dependencia federal, pero que el dueño los pague, porque es su obligación.

Calificó de esclavitud que de los ingresos de los trabajadores se descuente el gasto en alimentos. Que les digan te voy a dar de comer, pero te lo descuento de tu salario. Y no lo voy a hacer ahorita, sino hasta que termines.

Navarrete Prida recordó que se han revisado las condiciones de tarahumaras y seris en Baja California y Colima, así como en zonas urbanas donde se detectó a grupos de coreanos y del sector textil, pero dijo que se pondrá la lupa en los grupos más vulnerables, que están en el campo.

En tanto, la CNDH señaló en un comunicado que desde que tuvo conocimiento de la situación que viven los jornaleros, un grupo de visitadores adjuntos se trasladó al municipio de San Quintín, donde entrevistó a los afectados y a sus representantes.

Las víctimas dijeron haber recibido malos tratos de agentes de la Policía Municipal cuando protestaron por las condiciones de trabajo que viven. Al respecto, se levantaron actas circunstanciadas.

En entrevista por separado, Genaro Aguilar Gutiérrez, profesor de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, indicó que así como los jornaleros agrícolas carecen de prestaciones laborales, en el país hay 16.3 millones de mexicanos en esa condición, entre trabajadoras domésticas, albañiles y choferes. Esta situación afecta a las familias de estos empleados, que suman aproximadamente 30 millones de personas.

Indicó que son millones de trabajadores, formales e informales, que aunque tienen contrato no reciben aguinaldo, pago de vacaciones ni utilidades, y la empresa para la que trabajan no les otorga el beneficio de tener acceso al Seguro Social.