En la investigación del llamado caso Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) movilizó a 312 servidores públicos y destinó casi 7 millones de pesos para alimentos y hospedaje del personal policiaco, ministerial y pericial, y el equivalente a 16 mil 830 euros para pagar a la Universidad de Innsbruck, de Austria, la realización de análisis genéticos a los restos humanos encontrados en el río San Juan, que presuntamente correspondían a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

De acuerdo con información dada a conocer públicamente por la PGR, en respuesta a la solicitud de un ciudadano, la dependencia que dirigió Jesús Murillo Karam y que ahora encabeza Arely Gómez envió a la zona de Iguala y Cocula, Guerrero, a 140 elementos de la Policía Federal Ministerial para realizar labores de investigación, protección, resguardo y auxilio en la preservación de la zonas señaladas por la autoridad competente.

Se gastaron 5.5 millones en el traslado y estancia de federales

El traslado y estancia de los agentes federales representó una erogación de 5 millones 525 mil 166 pesos por hospedaje y alimentación. De acuerdo con la dependencia federal, dicha cantidad comprende todas las atribuciones que para tal efecto se confieren a los agentes de la Policía Federal Ministerial desplegados en el territorio de la entidad federativa.

Asimismo envió 52 agentes del Ministerio Público y 33 auxiliares ministeriales para llevar a cabo labores de investigación y persecución de probables comisiones de delitos, lo que representó un costo de 738 mil 275 pesos.

En cuanto a los peritos que envió la PGR, en total sumaron 87 especialistas que llevaron a cabo actividades de apoyo y auxilio a los agentes del Ministerio Público de la Federación, aportando conocimientos técnico-científicos en las labores de investigación que aquellos desarrollan, y para ello se requirió de 345 mil 825 pesos.

Los datos proporcionados por la PGR señalan que tanto la oficialía mayor como la coordinación general de servicios periciales indicaron que hasta el 26 de diciembre de 2014 el costo que debió cubrir la dependencia mexicana al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck, por concepto de análisis de las muestras de ADN que fueron enviadas ascendió a la cantidad de 16 mil 839 euros.

En Iguala y Cocula fueron privados ilegalmente de su libertad 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa por policías de esos municipios y posteriormente –de acuerdo con las investigaciones de la PGR– los jóvenes fueron entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, quienes privaron de la vida a los alumnos, incineraron los cuerpos y tiraron las cenizas al río San Juan.

De ese río los peritos mexicanos obtuvieron dos bolsas con restos óseos, de los cuales 17 fragmentos que se consideró podrían servir para la obtención de ADN que permitiera identificar a las víctimas fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, donde sólo en uno de ellos se obtuvieron resultados positivos.

En sus respuestas, la PGR precisa que los gastos del Equipo Argentino de Antropología Forense no fueron cubiertos por las autoridades mexicanas.