Los familiares de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa desaparecidos exigirán al Instituto Nacional Electoral (INE) que suspenda los comicios del próximo 7 de junio en el estado de Guerrero, ya que participar en dichas votaciones equivaldría a apoyar a narcopolíticos, y anunciaron que este jueves realizarán una marcha por el sexto mes de la desaparición de sus seres queridos.

‘‘En Guerrero no habrá elecciones, porque votar por la clase política significa sufragar por narcopolíticos y la muerte’’, subrayó en conferencia de prensa Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los estudiantes.

Para sustentar su petición, los familiares de los jóvenes acudirán mañana a las 12 del día a la sede principal del INE, donde van a entregar un documento en el que explican los motivos por los que piden que no se lleven a cabo las elecciones en Guerrero, donde se van a renovar la gubernatura, así como 81 ayuntamientos y 46 diputaciones locales.

En caso de que el INE rechace la solicitud, Ortega dijo que apelarán ‘‘a la prudencia y la sensibilidad de la gente’’ para que no se presenten a votar.

Este jueves, a las 16 horas, los padres y madres de los normalistas, acompañados por organizaciones solidarias, van a realizar una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, al cumplirse seis meses de la ‘‘desaparición forzada’’ de los estudiantes, a manos de la policía municipal de Iguala.

Luego de manifestar su apoyo a los periodistas que ‘‘son despedidos por hablar en favor de la justicia’’, el vocero dijo que a medio año de ocurrido el crimen, seguirán insistiendo en la presentación con vida de los 43 alumnos atacados, el castigo a los responsables de los hechos y la apertura de nuevas líneas de investigación sobre el caso.

Por su parte, Joaquina García Velázquez, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, afirmó que ‘‘tendría que dejar de ser madre para vivir sin conocer el paradero de mi hijo. Dicen (Enrique) Peña Nieto y (Vicente) Fox que lo superemos y olvidemos esta tragedia, pero es porque algunos de ellos no tiene madre’’.

Mientras, en un foro organizado ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el politólogo Daniel Vázquez Valencia indicó que la agresión contra los normalistas –a diferencia de lo que señaló la Procuraduría General de la República– sí puede considerarse un crimen de lesa humanidad.

El también académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales explicó que no necesariamente todos los casos de desaparición forzada pueden considerarse crímenes de lesa humanidad, pues para ello deben ser resultado de un fenómeno generalizado de violaciones de derechos humanos y no un hecho aislado.

En el caso de la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa, dijo, sí es posible considerar lo ocurrido como delito de lesa humanidad, pues existen todos los elementos para comprobar que la desaparición forzada es una práctica generalizada en todo el país, es decir, que la llevan a cabo las fuerzas de seguridad de todos los niveles de gobierno, ‘‘como si fuera una especie de política pública’’. Si lograra comprobarse lo anterior en un proceso jurídico, afirmó, sería posible solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional.

Por su parte, integrantes de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública anunciaron que se prepara una nueva caravana de padres y familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos que podría visitar Canadá, tras concluir su recorrido por diversas ciudades de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, María de la Luz Arriaga informó que también participarán este 27 y 28 de marzo en el primer Encuentro Internacional por Ayotzinapa, donde se prevé elaborar un nuevo plan de acción y una declaración política a seis meses de la desaparición de los jóvenes normalistas. Agregó que en el encuentro, previsto para el próximo fin de semana, acudirán profesores de Ecuador y de Estados Unidos, para ‘‘sumarnos al llamado de los padres de los estudiantes y no permitir que caiga en el olvido la desaparición de los jóvenes y la responsabilidad del Estado en este hecho’’.

(Con información de Laura Poy)