Silao, Gto.

El gobierno panista de Guanajuato se niega a pagar más de 132 millones de pesos por la expropiación de tierras a una comunidad y a un ejido de Silao, donde se construyó el Puerto Interior.

Los habitantes de la comunidad Emiliano Zapata y del ejido Nuevo México iniciaron una lucha legal contra el estado y la Federación porque en 2006 les expropiaron sus tierras y recibieron un pago inferior al valor real.

El 5 de enero pasado el tribunal unitario agrario del decimoprimer distrito de Guanajuato ordenó a la Federación publicar un nuevo decreto expropiatorio, y al gobierno del estado pagar 99 millones 751 mil 172 pesos a los pobladores de Emiliano Zapata.

Se declara la nulidad del decreto expropiatorio expedido el 14 de noviembre de 2006, única y exclusivamente en lo relativo a la fijación del monto indemnizatorio por las tierras expropiadas a 10 campesinos, señala el recurso de revisión 272/2013-11.

El 30 de diciembre de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto emitió un nuevo decreto de expropiación, por el cual la administración de Guanajuato debe pagar 32 millones 367 mil 140 pesos al ejido Nuevo México. El decreto se publicó para acatar la ejecutoria del juicio de amparo 987/2011, emitida el 11 de octubre de 2013 por el segundo tribunal colegiado en materias administrativa y del trabajo del decimosexto circuito.

La autoridad judicial determinó que el gobierno de Guanajuato pagó menos de lo que realmente valen las tierras expropiadas para el Puerto Interior, donde están instaladas varias empresas, el Instituto Politécnico Nacional, una aduana y el Centro de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad del estado.

El secretario de Gobierno, Salvador García López, informó que hace 22 días se interpuso un recurso de inconformidad –que ya fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación– contra la resolución del tribunal agrario, que ordenó al estado pagar 99 millones de pesos a 10 campesinos.

Ellos quisieran que les pagaran ya, pero tenemos que agotar todas las instancias; si no, podríamos incurrir en responsabilidad, argumentó.

–¿En qué responsabilidad incurrirían al acatar un decreto presidencial que deriva de un amparo?

–Primero hubo un decreto de expropiación; se pagó en su momento al precio que se dispuso. El gobierno federal expropió, pero ahora dice que hay una diferencia y que el estado debe pagarla.

El representante del ejido Nuevo México, Juan Gabriel Hernández Hernández, recordó que el estado tramitó un juicio en el tribunal agrario para no acatar el decreto presidencial y los ejidatarios solicitaron a un juzgado de distrito en Irapuato que obligue al gobierno a respetar el decreto federal.

Confiamos en que los obliguen a pagar porque hay una sentencia definitiva, nomás que el gobernador Miguel Márquez Márquez dice que paga hasta que lo obliguen, sostuvo.