Sin citar un monto, el titular de la Contraloría General del Distrito Federal, Eduardo Rovelo Pico, informó que cerró otra auditoría realizada a la línea 12 del Metro, en la que es previsible acreditar daños y perjuicios al erario de la ciudad en montos muy elevados, y adelantó una nueva estrategia legal para resarcir el daño, con acciones de cobro e inclusive embargos de bienes a las empresas implicadas.

Al comparecer ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para entregar el informe anual de actividades de la dependencia, el funcionario dijo que se detectaron falta de aplicación de sanciones por incumplimientos de contrato, duplicidad de trabajos, pagos en exceso, trabajos deficientes, obra pagada no ejecutada, deficiente proyecto ejecutivo, incumplimiento de calidad de materiales de sistema de vías y de la bitácora electrónica.

Esto en la auditoría 20G que se practicó para verificar especificaciones técnicas, principalmente del sistema de vías, compatibilidad rueda-riel y mantenimiento, así como la mala ejecución de la obra.

Más tarde, en entrevista explicó que de esta auditoría se emitieron 16 observaciones que serán notificadas al órgano desconcentrado Proyecto Metro, el cual tendrá un plazo de 45 días hábiles para responder, y de no solventarlas, se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los servidores públicos.

Y “como algo novedoso, en nuestra estrategia jurídica vamos a implementar –nos faculta el Código Fiscal local– un juicio resarcitorio, que no se hizo antes para este caso, ya que se estiman afectaciones a la hacienda pública por montos considerables”.

Esta acción, agregó, va en dos sentidos,”cobrar al servidor público, y si no tiene para pagar, tendremos que cobrar a la empresa por medio del embargo de bienes suficientes que garanticen la afectación que le hicieron al erario.

Esto no se ha hecho, esto es nuevo y lo vamos a ejercer”.