La Junta de Coordinación Política acordó aprobar el miércoles un punto de acuerdo en el pleno para solicitar a los gobiernos federal y de Baja California, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que inicien una investigación sobre la explotación de jornaleros en San Quintín.

Los grupos parlamentarios consideraron que las autoridades obligadas a la supervisión de las condiciones laborales de los campesinos no pueden argumentar falta de inspección, porque son miles las personas que trabajan en los campos agrícolas en condiciones de esclavitud y hacinamiento.

La junta aprobó la agenda de esta semana, que incluye sesiones martes, miércoles y jueves, para que los diputados puedan disfrutar del asueto por Semana Santa y regresar a trabajar a partir del 7 de abril, y dosificó la discusión de puntos de acuerdo.

Así, en la sesión de hoy se aprobará un punto de acuerdo que demanda una baja en el precio del huevo, y el jueves otro para exigir sanciones a concesionarios de gasolineras que roban a los consumidores al despachar menos combustible con la alteración de las máquinas expendedoras.

Paralelamente, el pleno desahogará dictámenes rezagados durante el actual periodo de sesiones.

El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, consideró que la explotación a los jornaleros agrícolas en Baja California ocurre con la complicidad de las autoridades federales del Trabajo.

Los trabajadores no entraron (a los campos) clandestinamente, como si fueran terroristas disfrazados, y no es posible que ninguna autoridad se diera cuenta del hacinamiento, la violación a sus derechos humanos y las condiciones tan deplorables en que los tienen, declaró.

Expuso que la investigación solicitada por los legisladores debe incluir los nombres de los dueños de los ranchos donde se explota a los jornaleros, y que se difundan.

Debe saberse quiénes son los propietarios; si son gobernadores, políticos. Y si no quieren afectar los intereses de los dueños, que lo digan con claridad, manifestó.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, expuso que el exhorto tiene como objetivo demandar que se respeten los derechos humanos de los trabajadores agrícolas y que se sancione a los sinvergüenzas que los explotan, así como conocer quiénes son los dueños de las empresas.