El programa Oportunidades destinado a las familias en pobreza y que operó el gobierno federal desde 1997 hasta septiembre del año pasado tenía una visión fascista e hizo mucho daño a escala mundial y al país: no resolvió la pobreza, la aumentó. Generó zonas de muy alta marginación, e intencionadamente se decía que a ellas ni siquiera había que darles transferencias, porque el Estado no podía darles servicios, afirma Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública e integrante del grupo de expertos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El especialista en nutrición estudió durante años en campo la operación del programa y ha desarrollado trabajo en las regiones más pobres del país, como la Montaña de Guerrero. Explica que a consecuencia de la falta de resultados de Oportunidades no se rompió la transmisión intergeneracional de la pobreza, su objetivo principal.

Tampoco mejoró el estado de nutrición de la población en los sitios de pobreza extrema, desbarató todo el tejido social, pagamos consecuencias por eso. Desbarató los sistemas productivos locales. Estamos pagando el daño social, ambiental, y cultural; es muy grave, auqnue no lo hemos cuantificado.

Agrega que quienes convivimos con las localidades, vemos que lo que sucedió ahí fue un desastre provocado por este modelo de transferencias.

El esquema de Oportunidades fue entregar apoyos a los hogares a cambio de que los niños fueran a la escuela y asistieran al centro de salud, donde se les revisaba el estado nutricional. Solamente apoyaba a las familias que habitaban en localidades donde había escuelas y centros de salud.

Ahora parece haber un rompimiento con el concepto de política pública basado en transferencias económicas condicionares. Se decía que solamente mediante estas transferencias se resolvería el problema de la pobreza y que cualquier otra acción eran subsidios perversos, agrega en entrevista.

A las personas se les catalogó como pobres que no podían desarrollar capacidades, no podían hacer nada más que recibir las transferencias económicas condicionadas. Se elaboró todo un concepto reduccionista que hizo mucho daño en el mundo.

Prospera, que comenzó a operar en septiembre pasado, reconoce que la población tiene capacidad productiva, que las transferencias son insuficientes. Aún hay que ver cómo va a trabajar. Las reglas de operación al menos reconocen que el Estado es el sujeto obligado y se busca erradicar el concepto de beneficiarios, ahora la población es sujeto de derecho, agrega.

La sociedad ha luchado mucho por lograr un enfoque de derechos. Esperemos que se dé en la práctica.

Apunta que hay regiones, como en la Montaña de Guerrero, donde hay niños en condiciones tan graves de desnutrición que es muy difícil superar. No hay nada más allá”, y las condiciones políticas recientes pueden agravar el problema, que ya es muy grave.

Explica que se desarrolló un programa para crear un sistema de protección básica de los niños, mediante comités comunitarios.

En cinco meses se redujo 12 por ciento la desnutrición de alto riesgo; desafortunadamente el 15 de diciembre se tuvo que cerrar el programa por burocracia y esto ha causado muertes infantiles, explica.

En cuanto a resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, considera que en poco tiempo no se puede observar una mejoría, porque la estrategia no se ha generalizado; todavía hay descoordinación intersectorial, no hay integración del sector productivo con la Secretaría de Agricultura.