La Ley General de Transparencia que aprobó el Senado en días pasados registra avances sustanciales en algunos aspectos, pero hay preocupación en algunos puntos fundamentales, entre ellos las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) para determinar la apertura de información en violaciones graves de derechos humanos o en casos de lesa humanidad, que en los hechos decidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolverá un recurso interpuesto al respecto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Así lo consideró la responsable del área de transparencia de Fundar, Centro de Análisis e investigación, Justine Dupuy, quien incluyó también entre las preocupaciones el hecho de que la obligación de los funcionarios de hacer pública su declaración de bienes en los hechos realmente recaiga en una decisión voluntaria, tal como quedó aprobado en el documento. Se habla de que esta disposición asumirá un carácter obligatorio cuando se aprueben otras legislaciones vinculadas, como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Indicó que uno de los puntos claves que no incluye la ley es la obligación de generar información y que el Ifai tenga facultad de instruir a los sujetos obligados a hacerlo. Esta propuesta finalmente no se incorporó, y es fundamental ya que una gran cantidad de los sujetos obligados apelan de la inexistencia de información como fórmula recurrente para rechazar las solicitudes de acceso a la información.

Protección a funcionarios

Otro de los temas que no se incluyeron fue el relacionado con la protección a funcionarios que eventualmente pudieran proporcionar información que, si bien estaría considerada reservada, estuviera asociada a casos graves de corrupción.

Sin embargo, Dupuy también destacó la incorporación de la facultad que ahora tendrán los comisionados del Ifai para emitir medidas de apremio a los sujetos obligados –aunque en el seno del organismo esta disposición no tenía el consenso–, pues finalmente la posibilidad de sancionar, según se explicó, podría recaer en otros ámbitos, según se establezca en legislaciones vinculadas a la Ley General de Transparencia.

Aunque reconoció que aún falta un largo camino por recorrer para completar el marco legal en la materia –la adecuación de la ley federal con las legislaciones locales, amén de aquellas asociadas, como los cambios que darán origen al sistema nacional anticorrupción–, hay avances.