l gobernador Rogelio Ortega, quien se ha manifestado en desacuerdo con los métodos de lucha radicales del movimiento que reclama la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró que está desactivada la posibilidad de cancelar las elecciones de junio próximo en la entidad.

En ese sentido apuntan muchos indicios, que se ven cada vez con más claridad:

Desde hace semanas, las casetas de cobro de la autopista del Sol han permanecido bajo control de la Policía Federal; en general, las vías de comunicación son cada vez menos bloqueadas, siempre bajo la mirada de la corporación; en los titulares de diarios y noticieros, la lucha por los desaparecidos de Ayotzinapa cada vez comparte más espacio y tiempo con otros movimientos reivindicatorios.

Por otro lado, la recién concluida Convención bancaria transcurrió sin incidentes, el aeropuerto no ha sido tomado y los grupos de choque creados al cobijo de sectores empresariales de Acapulco nunca entraron en acción.

Ya fueron adiestradas 54 mil personas para fungir como funcionarios de casilla y miles de capacitadores electorales recorren las zonas sin incidentes, hasta ahora, que tengan que ver con el movimiento.

Todo apunta, pues, a que avanzan los preparativos para la elección. Es loable que así sea, pues en la democracia –que implica la posibilidad de elegir a los gobernantes con un mínimo de certeza y seguridad–, con todos los defectos que pueda tener, siempre es mejor que haya elección.

El sistema en nuestro país ha permitido a muchos vivir del presupuesto, o sin tener que trabajar para mantener niveles de vida insultantes para la mayoría. A otros les ha permitido gozar de impunidad luego de enriquecerse con el dinero público o hacer mal uso de él.

Pero la sociedad tiene la obligación de ir perfeccionándolas constantemente. Porque, con todo, es preferible que un pueblo elija a sus gobernantes, a permitir que otros los decidan por él.