El próximo 5 de abril, inicio de las campañas electorales, y hasta la conclusión de la jornada electoral del 7 de junio, los funcionarios públicos deben conducirse con restricciones en relación con la propaganda gubernamental. La veda, sin embargo, no incluye la suspensión de programas.

En el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el oficial mayor, Manuel Cadena, prometió reforzar la vigilancia a fin de que los programas no incidan en los comicios. Vamos a ser muy cuidadosos y pulcros para contribuir a que estos procesos electorales sean los más limpios, transparentes, dijo.

Cadena fue senador por el estado de México y luego secretario de Gobierno de esa entidad. En su partido, el PRI, ha ocupado diversos cargos. Precisó que el blindaje electoral no significa inamovilidad de nuestros programas. En este caso, la mayoría están vinculados con el Servicio Nacional de Empleo y de becas de capacitación.

La indicación, dijo, es ser doblemente cuidadosos en cuanto a esta supervisión para que “no vayamos a caer, ninguno de nuestros funcionarios, en pretender hacer campaña o promover el voto a través de nuestros programas.

Los programas han ido desarrollándose sin ninguna tendencia de carácter político, personal o partidario (en favor) de algún candidato. No tenemos hasta hoy ninguna noticia o dato que pudiera hacernos pensar o tomar nota de que se está incurriendo en este tipo de mal uso de los recursos, señaló en conferencia de prensa.

Durante el lapso referido, los funcionarios podrán asistir a mítines, actos de apoyo a partidos, candidatos o actos privados no oficiales, siempre y cuando lo hagan a título personal, fuera de su jornada laboral y sin emplear ningún recurso público.

De igual forma podrán participar en actos de gobierno encomendados, siempre y cuando no difundan mensajes vinculados con la promoción del voto. Las prohibiciones y restricciones son obligatorias, y su violación puede conllevar responsabilidades administrativas y/o penales.

No se podrá difundir propaganda gubernamental bajo ninguna modalidad de comunicación social, excepto las campañas de información de las autoridades electorales, servicios educativos, de salud o para la protección civil en casos de emergencia.

La normatividad indica que la ejecución de los programas de gobierno no debe suspenderse, pero su publicidad no podrá relacionarse con el proceso electoral.

Las prohibiciones a los servidores públicos se relacionan con el uso de recursos o a condicionar la entrega de éstos o servicios con fines proselitistas. Tampoco podrán convocar a la prensa para difundir programas o logros de gobierno.

Los servidores públicos de confianza con mando superior no podrán pertenecer a las mesas directivas de casilla y durante el periodo electoral los precandidatos y candidatos no podrán asistir a actos oficiales de gobierno.