La fecha precisa de entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública provocó discrepancias entre quienes dictaminaron esa legislación. El presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, y el panista Roberto Gil Zuarth, sostuvieron que se da un plazo de un año para que todos los sujetos obligados puedan cumplir con sus nuevas obligaciones.

En contraparte, Alejandro Encinas, del grupo del PRD, y Javier Corral, del PAN, sostuvieron que al otro día de su promulgación, esa ley debe cumplirse.

Corral y su compañera de bancada Laura Angélica Rojas demandaron a los diputados que corrijan la minuta que les remitió el Senado, a fin de que en el artículo 13 transitorio de la Ley General de Transparencia se especifique claramente el plazo que el Senado tiene para concluir su programa de restructuración administrativa, a fin de transparentar el uso de los más de 4 mil millones de pesos que recibe como presupuesto.

La Cámara de Diputados tiene la gran obligación ética, moral y política de ponerle un plazo al Congreso para ser sujeto a las obligaciones en materia de transparencia, no se puede mantener con la redacción que está ahora en el décimo tercero transitorio, recalcó Corral.

Ese artículo señala que el Congreso tendrá como plazo el 30 de agosto a fin de aprobar un programa de reordenación administrativa, que le permita contar con las normas y criterios de homologación programática, presupuestal y contable para cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos que maneja.

Al final de ese artículo se afirma: Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa. Ello significa que puede ser dentro de dos años, o nunca, sostuvo Corral. Agregó que es algo que los diputados, que ahora revisan esa ley, deben cambiar.

Con ello coincidió la senadora Rojas, quien resaltó que quienes han trabajado en esa legislación van a ser muy insistentes en que la aplicación de la ley en el Poder Legislativo tampoco puede irse al infinito. El 13 transitorio, recalcó, tiene que fijar un plazo muy claro de cuándo va a concluir la restructuración administrativa, para que el plazo no quede abierto.

La senadora Rojas aclaró que a su juicio la inclusión de ese transitorio es positiva, porque permitirá al Senado ordenarse administrativamente, luego de 100 años de funcionar de manera irregular y hasta al margen de la ley. Hará que nos pongamos en regla, para poder transparentar toda la información.

En entrevista aparte, el panista Roberto Gil Zuarth resaltó que todos los sujetos obligados tendrán un año para adecuarse y cumplir lo que esa ley de transparencia ordena. Dentro de ese año nosotros nos dimos un plazo de cinco meses para la reorganización administrativa del Senado.

Igual criterio expuso el senador Escudero, quien hizo notar que la minuta apenas se mandó a la Cámara de Diputados, donde se tardarán por lo menos un mes en procesarla, por lo que el Senado estará a tiempo de transparentar su información en el año que la legislación fija como plazo.

Por separado, Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una de las dictaminadoras, recalcó que la ley deberá comenzar a aplicarse para todos al otro día de su promulgación.