Las consecuencias negativas de la reforma energética y la persistencia de la tortura sexual en contra de mujeres fueron abordadas en las audiencias temáticas de ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Representantes de organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, advirtieron que con la reforma energética se abre la puerta a los empresarios nacionales y extranjeros para que exploten yacimientos de hidrocarburos sin importar la opinión de pueblos y comunidades.

Un ejemplo de ello, indicaron, es que más de 4 millones de hectáreas en 11 estados –sobre todo en Veracruz y Tabasco– podrían ser utilizadas por empresas privadas para desarrollar pozos petroleros o de gas, lo cual se realizaría aun si los habitantes de estas zonas se oponen, ya que la extracción de hidrocarburos es reconocida como una actividad económica preferente.

Ante dichos señalamientos, los representantes del gobierno mexicano respondieron que ya hay diversos mecanismos legales para que las comunidades protejan sus intereses en estos casos, lleguen a los acuerdos necesarios con los inversionistas y logren obtener un margen de ganancia adecuado.

Al respecto, los grupos de la sociedad civil hicieron ver que las autoridades sólo hablan de la manera en que un pueblo puede negociar con las empresas la forma en que se pondrá en marcha un proyecto, pero sin contemplar el derecho que tienen a negarse a permitir el inicio del mismo.

En la audiencia sobre tortura sexual, las organizaciones comentaron que esta práctica es utilizada con gran frecuencia por los cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo en contra de mujeres, para obtener declaraciones autoinculpatorias, pero también como una forma de someterlas, en el contexto de una cultura patriarcal y machista.

De igual forma, este tipo de abuso es utilizado para castigarlas por faltar a su rol tradicional de género, según el cual las mujeres deben dedicarse al cuidado de su familia y a labores del hogar, y no involucrarse con luchas o reivindicaciones sociales.

Al contestar estas observaciones, los funcionarios del gobierno mexicano señalaron que hay diversas leyes que buscan castigar la violencia contra las mujeres, y pidieron que se ajuste el término de tortura sexual, lo cual fue criticado por las organizaciones de derechos humanos, por considerar que de esta forma buscan minimizar el problema y diluir la responsabilidad de las autoridades en el mismo.