Tijuana, BC.

Los jornaleros que tienen semiparalizado el Valle de San Quintín, el segundo más grande del país, obligaron al gobierno estatal a dialogar (incluido el gobernador), tras movilizar a 30 mil de sus compañeros y bloquear durante más de 26 horas la carretera Transpeninsular, única vía que cruza el área desde Tijuana hasta Los Cabos.

Aunque 25 de los participantes en las movilizaciones están todavía detenidos –después del desalojo con balas de goma y gases lacrimógenos de la madrugada del miércoles–, en la mesa de negociaciones los jornaleros consiguieron este viernes quitarse de encima a las confederaciones de Trabajadores de México (CTM) y Revolucionaria de Obreros de México (CROM), quienes son los titulares de los contratos de protección de los campos agrícolas.

En una de las minutas de las negociaciones que se desarrollan en las oficinas del gobierno estatal en San Quintín (el valle es la zona más al sur del municipio de Ensenada), se estableció que los trabajadores podrán contar con su propia organización y firmar los contratos directamente con los propietarios de los campos, al margen de los sindicatos de las organizaciones priístas.

Uno de los diques que han encontrado históricamente los jornaleros para lograr mejores condiciones de vida no son sólo los sindicatos blancos, sino el hecho de que funcionarios de varias administraciones estatales son dueños de algunos de esos ranchos donde se les maltrata y violan sus derechos humanos.

De hecho, son algunas de las trasnacionales las únicas que cumplen con la afiliación de sus trabajadores al IMSS. Según las cifras oficiales, unos 11 mil jornaleros de los 42 mil registrados son trabajadores permanentes del campo, mientras la clasificación del resto es de trabajadores eventuales. Los líderes de los movilizados hablan de unos 80 mil en la zona.

Antes de este conflicto –que paralizó los 230 ranchos agrícolas (aunque 12 concentran la producción a gran escala)– se anunció la creación de una organización emergente de la comunidad indígena agrícola, la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social del Valle de San Quintín y, con ella, una lista de exigencias que evidenciaron los rezagos sociales y las condiciones laborales de los trabajadores del campo.

Trascendió que está por integrarse un sindicato independiente de trabajadores agrícolas que represente en realidad a los jornaleros, ya que de los existentes ninguno nos representa, sólo nos quitan cuotas sindicales sin conocer siquiera a cuál sindicato pertenecemos. No han hecho nada en favor de los jornaleros en todos estos años. Únicamente se han coludido con las autoridades y las empresas para marginar a los trabajadores, señalaron los dirigentes aliancistas.

La otra gran demanda es la afiliación de la totalidad de trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la tercera es un aumento al salario, que actualmente no rebasa 100 pesos diarios.

Uno de los ofrecimientos del gobierno es que la delegación del IMSS iniciará una campaña masiva de afiliación de los jornaleros y sus familias en la clínica de la colonia 13 de Mayo de la delegación municipal Vicente Guerrero para que obtengan los beneficios de la derechohabiencia y, en el transcurso de 10 días, se eliminarán los pases médicos que distribuyen los patrones.

El padrón del IMSS es de sólo 23 mil 469 jornaleros afiliados en el municipio de Ensenada, pero la Secretaría de Trabajo y Previsión Social reconoció que uno de los principales problemas de los patrones es la informalidad del registro de trabajadores.

En año y medio, las autoridades laborales sancionaron a 17 ranchos y agroindustrias de la región en conflicto donde se realizaron 63 operativos y se aplicaron multas por 7 millones 500 mil pesos.

Entre las 17 empresas sancionadas se encuentran Agrícola El Indio, Peaking Produce y Agrícola San Simón, y las principales irregularidades de las empresas que recibieron multas son el incumplimiento del pago de horas extras y de utilidades, así como la omisión del pago del Infonavit y del IMSS.

Por contraparte, la empresa BerryMex, filial en México de Driscoll, cumplió con el 100 por ciento del registro de seguridad social de sus empleados.

Es un misterio el número de jornaleros que trabajan en campos de San Quintín; las cifras oficiales señalan que hay 32 mil, de los cuales poco más de 23 mil están afiliados al IMSS, pero la alianza de organizaciones estima que son más de 80 mil.

Los jornaleros de San Quintín son distintos a los migrantes de Guerrero o Veracruz que cada año van a los campos de Sinaloa. Quizá por la distancia (más de 3 mil kilómetros desde el centro del país), son trabajadores que originalmente vinieron sobre todo de Oaxaca y con el tiempo se fueron quedando en los alrededores de los campos y formando pequeñas poblaciones en medio de la nada. La alta tecnificación de los campos permite también que haya trabajo todo el año. Muchos de los movilizados son la segunda y tercera generación de oaxaqueños, chiapanecos o veracruzanos, cuyos padres y abuelos llegaron al valle hace más de 30 años.

Negociaciones y demandas

En la mesa de negociación se discuten otras demandas, como el respeto al derecho de antigüedad, el pago de todas las prestaciones, incluidos séptimo día y festivos, así como horas extras.

También se encuentra la exigencia del respeto de los derechos a las madres trabajadoras de seis semanas antes y después de un parto, el otorgamiento de cinco días de descanso con goce de sueldo a los hombres que se conviertan en padres, la cero tolerancia al acoso sexual a mujeres por los mayordomos de los ranchos.

En términos económicos, el planteamiento de los jornaleros es el pago de 30 pesos por cada caja de fresa pizcada en lunes a viernes –desde hace 14 años se paga hasta en 12 pesos–, de ocho pesos por cubeta de tomate y de 17 pesos la jarra de mora.