Morelia, Mich.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una averiguación previa contra el ayuntamiento de Zamora, tras localizar una bodega donde había 10 toneladas de ayuda para los damnificados por las lluvias y granizadas del pasado fin de semana, que afectaron a unas 300 familias de esa localidad.

La ayuda aún no ha sido repartida, por lo que anunció que además de la acusación penal podría tratarse también de un delito electoral.

La PGJE recibió la denuncia correspondiente de abogados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, que se encargaron de presentar las pruebas del presunto ilícito.

El pasado lunes, el DIF envió a Zamora un camión con 2 mil láminas, 300 despensas, 101 colchonetas, 620 cobijas, 223 litros de agua, entre otros productos, para apoyar a damnificados en el municipio, cuyo gobierno encabeza la panista Rosa Hilda Abascal.

No obstante ese día por la tarde, funcionarios del ayuntamiento solicitaron el envío de otro camión con la mismas cantidades, lo que generó sospechas entre autoridades estatales, que consideraron difícil que en unas cuantas horas se hubieran repartido todo.

Por ello, al realizar una auditoría en campo, abogados del DIF y de la procuraduría estatal recabaron testimonios de personas que denunciaron que la ayuda, principalmente láminas de asbesto, presuntamente fueron llevadas a un inmueble en donde activistas del PAN las repartían, a cambio de posibles compromisos de carácter político-electoral.

La directora del sistema DIF Michoacán, Mariana Sosa Olmeda informó que tras esa denuncia, la dependencia estatal reforzará los esquemas de supervisión para que los recursos lleguen a quienes lo requieren y no se entreguen de manera discrecional.

Agregó: hay evidencia de que el ayuntamiento zamorano habría incurrido en desvío de apoyos, esto con base a testimonios de personas a las que se condicionó la entrega de material.