La iniciativa de ley general de aguas favorece el fracking (fracturación hidráulica para liberar hidrocarburos) y abre la puerta a acciones discriminatorias contra grupos indígenas, además de que se concentra en administrar el recurso y no en su sustentabilidad, coincidieron especialistas de la Universidad Iberoamericana (Uia), del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y del Programa Interamericano Environmental Law Institute.

Durante el foro Agua: ¿derecho o privilegio?, Gloria Soto Montes de Oca, investigadora del Departamento de Estudios Internacionales de la Uia, señaló que dicha iniciativa beneficia el fracking por el mero hecho de que la legislación no lo limita, además de que es muy grave que las concesiones para la explotación comercial del agua pudieran ser hasta por 35 años, con posibilidad de renovación.

Asimismo, acusó que esta ley no tiene el objetivo de resguardar y preservar el recurso, lo que es sumamente preocupante.

En tanto, Anaid Velasco, del Cemda, resaltó que la iniciativa aprobada en comisiones del Congreso no cubre los estándares mínimos, además de que, en vez de apuntalar el consumo vital de agua hasta en 100 litros por persona, como señala la Constitución, lo sitúa en 50 litros, limitación que no tiene sustento.

Otro problema, señaló, es que reconoce el derecho al agua para los asentamientos humanos, y no el de cada individuo, lo que abre la puerta a acciones discriminatorias contra los indígenas, que además no fueron consultados sobre la propuesta de ley, obligación estipulada en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, Alejandra Rabasa, directora del programa, lamentó que el proyecto se presentara con un retraso de dos años en relación con el mandato que el propio Congreso de la Unión se fijó para legislar en la materia, y que no contenga medida alguna que permita avanzar en el terreno del derecho humano a ese recurso, pues únicamente repite lo contenido en otros documentos.

Exclusión de indígenas

Comentó que dicha iniciativa institucionaliza la exclusión de las comunidades indígenas, pues limita el cumplimiento del derecho humano al agua a centros de población o asentamientos legalmente constituidos.

Añadió que las personas de pocos recursos económicos pagan entre 11 y 12 veces más por el servicio que quienes, de forma subsidiada, tienen acceso al líquido por medio de las redes públicas.

Se sigue legislando como si el agua fuera sólo un recurso de consumo humano, lo que es un error terrible, pues es un bien ecológico y cultural que no es considerado así en esta iniciativa, añadió Javier Riojas, experto de la Uia en medio ambiente.

Los participantes en el encuentro propusieron que antes de aprobar el proyecto hídrico, los legisladores realicen otros foros de discusión y formen un comité con representantes de diversos sectores de la sociedad, para analizar los pros y contras de la ley, pues los ciudadanos tienen derecho a conocer la información que fundamentó las decisiones en el asunto.