Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el hecho de que los migrantes enfrentan una situación cada vez más violenta durante su paso por México, debido a que las autoridades aplican esquemas de control agresivos contra ellas, como el Plan Frontera Sur, en vez de protegerlas.

En un comunicado conjunto –firmado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y más de 10 albergues de ayuda a migrantes, entre otras organizaciones– lamentan que los indocumentados enfrenten peligros cada vez mayores, sin que las autoridades implementen una auténtica política de protección y sin que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie al respecto.

Una muestra de ello, recalcaron, es la ejecución de tres migrantes centroamericanos, quienes fueron encontrados el 11 de marzo dentro de un vagón del tren que va de Laredo a San Luis Potosí, así como el asesinato de un joven de 17 años y las lesiones de bala causadas a otro de 15 años, tras ser asaltados a bordo del tren de carga en Tehuacán, Puebla, el pasado 17 de marzo.

Aunque el Estado mexicano tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, agregan las organizaciones, desde la aplicación del Plan Frontera Sur la estrategia de las autoridades hacia los trabajadores internacionales sin documentos se ha centrado en la realización de operativos de detención por parte del Instituto Nacional de Migración.

Estas acciones son cada vez más violentas y ocurren en regiones apartadas, donde los migrantes no tienen acceso al apoyo de personas y grupos solidarios.

Por lo anterior, los grupos firmantes exigen al gobierno mexicano que cese los operativos que vulneran los derechos humanos y la vida de los migrantes, dé seguridad a todos los indocumentados y atienda las quejas formuladas por organizaciones de la sociedad civil sobre abusos contra ese sector.