Amnistía Internacional (AI) y organizaciones de la sociedad civil cuestionaron que por el asesinato de 22 personas en Tlatla-ya, estado de México, no se ha consignado a ningún mando del Ejército y que la Procuraduría General de la República (PGR) se niegue de manera sistemática a entregar la información sobre la cadena de mando de los militares que participaron en el operativo del 30 de junio de 2014.

Los estándares internacionales señalan que se debe sancionar a quienes no hicieron nada para detener o consignar los actos violatorios de derechos humanos en Tlatlaya, resaltó Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

En audiencia pública con la comisión especial que investiga el caso, resaltó que sólo siete militares involucrados están sometidos a proceso, cuando las versiones recabadas hacen suponer que están involucrados mandos militares.

Si no se entrega la información sobre la cadena de mando implicada en Tlatlaya, el Congreso debe llamar a cuentas a las autoridades por su responsabilidad en esta violación grave a derechos humanos, dijo.

También, Édgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, resaltó que el propósito de la reforma para acotar el fuero militar era transparentar los procesos penales del orden civil contra militares. En el caso Tlatlaya, sin embargo, los obstáculos al esclarecimiento del caso provienen de la PGR, indicó.

Es necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas que puedan ejercer el Congreso y la ciudadanía en casos de violaciones graves a derechos humanos.

Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia, refirió que el informe preliminar de la comisión, emitido en diciembre, incluye cuestiones escandalosas, pues si los diputados no tienen acceso a los documentos de la PGR, de la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno del estado de México, ¿qué podemos imaginar para los ciudadanos que solicitan información sobre casos de violaciones a derechos humanos?

El investigador Carlos Silva Forne, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, reveló que mediante diversos estudios han medido el índice de letalidad en los operativos de seguridad y que éste es más alto en el Ejército y la Marina que en la Policía Federal, y además se incrementa cada día.

Hay un aprendizaje en la impunidad, pues si los asesinatos de civiles por parte de policías y militares en los enfrentamientos no se castigan, no hay impedimento para seguirlos cometiendo, alertó.

Durante la reunión, Adrián Franco Zevada, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para el caso Tlatlaya, informó que ya hay un registro de víctimas directas e indirectas para la reparación del daño. Dijo que aún están sin identificar tres cuerpos de varones muertos en aquella fecha, que no reclamó ningún familiar y fueron depositados en la fosa común.