La consulta que realizan diversas empresas para instalar un parque de energía eólica en la zona del Istmo de Tehuantepec no cumple con los requisitos de ser previa, libre e informada, pues las autoridades ya dieron su aval a dicho proyecto, los inversionistas no han explicado a la comunidad las posibles afectaciones a su territorio y los opositores han sido blanco de amenazas y ataques.

Así lo reveló un informe del ex relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, quien subrayó que las compañías no han adoptado un diálogo con los pueblos involucrados, a los cuales han tratado de forma discriminatoria, dándoles únicamente paliativos en vez de diseñar un esquema para que se beneficien del mencionado proyecto.

Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, recordó que desde noviembre del año pasado la compañía Eólica del Sur –detrás de la cual hay firmas extranjeras– promueve una consulta para instalar un parque de energía eólica en la zona, donde ya hay 24 desarrollos como ése.

Aunque la mencionada compañía indicó que se trata de un proyecto de instalación de 132 aerogeneradores que producirán 396 megavatios, nunca ofreció datos a las comunidades sobre las posibles afectaciones que sufrirían sus recursos naturales.

Este mismo proyecto, indicó la luchadora social, ya se había presentado hace varios meses con las mismas características, pero a nombre de la compañía Mareña Renovables, y la resistencia de varias comunidades de la región hizo que se retirara.

Aunque la información que ha dado hasta ahora ha sido insuficiente y llena de omisiones, Eólica del Sur presiona para avanzar a la fase deliberativa de la consulta, con el apoyo de un comité formado por funcionarios de diversas instituciones.

De igual forma, Cruz señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó la manifestación de impacto ambiental del proyecto en junio de 2014, los dueños de las tierras ya aceptaron vender hace un año y los opositores al mismo han sido víctimas de agresiones y amenazas, incluso de muerte.

Ante dicha situación, el pasado 5 de febrero el ex relator James Anaya visitó la región para analizar el proceso de consulta, y emitió una serie de observaciones donde señala que la consulta no cumple con los requisitos de ser previa, libre e informada, como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Edmundo del Pozo, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, subrayó que en la consulta no se toman en cuenta a las autoridades de los pueblos afectados, y se usa como un trámite para legalizar un megaproyecto que de todas formas ya tiene el aval de las autoridades mexicanas.