Veinte días después de que Arely Gómez fue designada titular de la Procuraduría General de la República (PGR), están detenidas las indagatorias de casos como el de Ficrea; la solicitud de extradición contra Martín Díaz Álvarez, involucrado en el fraude cometido por Oceanografía, y las pesquisas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señalaron funcionarios que laboran en diversas subprocuradurías.

Las fuentes consultadas señalaron que los agentes del Ministerio Público están dando trámite a los asuntos que tienen vencimiento en los juzgados federales, pero la mayor parte de las actividades están detenidas ante la incertidumbre de la designación del equipo de trabajo de la nueva procuradora.

Mencionaron que Arely Gómez ha concentrado su actividad en conocer el funcionamiento y el estado que guarda la PGR, a la cual llegó el pasado 27 de febrero en relevo de Jesús Murillo Karam, y ha sostenido diversos encuentros con cada uno de los encargados de área, quienes le han presentado un panorama de los casos en curso y las acciones que deben realizarse.

En ese contexto, la titular de la PGR ha sostenido encuentros con especialistas jurídicos que han participado en política y cuestiones de litigio para definir y conocer quiénes podrían sumarse a su equipo de trabajo, sin que se haya filtrado ningún nombre, pues Arely Gómez desea anunciar a los nuevos subprocuradores en un acto que podría concretarse la próxima semana.

En cuanto a los casos pendientes, la PGR no ha oficializado ni negado el inicio de una investigación en la que se involucra al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y a su hermano Miguel, por presuntamente haber recibido más de 3 millones de dólares del empresario Mario Aguirre por el otorgamiento de contratos, información que fue dada a conocer por el diario estadunidense The Wall Street Journal.

En cuanto al caso Oceanografía, está pendiente de trámite la petición de extradición de Martín Díaz Álvarez, quien se desempeñó como presidente del consejo de administración de Caja Libertad y fungía como accionista de la empresa naviera, a quien la PGR identificó como uno de los principales artífices del fraude cometido contra Banamex, el cual fue dado a conocer en febrero de 2014.

Asimismo, los funcionarios consultados señalaron que la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, se mantiene en el estado en que la dejó la administración de Murillo Karam.