l pasado lunes 16 de marzo, aproximadamente 2 mil habitantes de los siete municipios del río Sonora, y la sección 65 del sindicato nacional minero, tomaron el predio conocido como Los Patos, hacia el este de Cananea.
En este lugar Grupo México mantiene las instalaciones de enormes tanques que rebombean el agua que extraen de cuando menos 120 pozos, conduciéndola a los molinos donde se procesa la remolienda de roca para separar los minerales, agua esencial para mantener en operación la mina.
Después de más de siete meses del macroderrame que en agosto del año pasado destruyó gran parte de la vida del río Sonora, y con ello barrió la economía de esa región, los pobladores ribereños, pacientes, nobles pero tercos, cansados de ir y venir de Herodes a Pilatos, tratando de resolver sus problemas, decidieron que Germán Larrea debe bajar a las negociaciones en mesas en cada uno de los municipios afectados y acordar, bajo presupuesto cotizado, la reparación del río y las tierras, la dotación de agua potable y la debida atención a los enfermos y las demandas que cada una de las localidades han estado presentando durante esos largos siete meses. Del gobierno federal demandan la cancelación de la concesión de explotación de la mina al Grupo México.
Su carta de negociación es la retención del rebombeo, que no tardará en causar efectos en la producción de minerales. La consigna en el mitin posterior a la toma fue que si no hay agua para los pueblos del río, tampoco la habrá para la mina.
Con esta acción, prácticamente los ribereños y los mineros están tomando el nervio central de la mina, y con ello repudian las promesas incumplidas y los engaños de los gobiernos federal y estatal y del mismísimo Grupo México. En este punto fue esencial la acción sorpresiva de los mineros, que lograron desalojar a los guardias y granaderos que resguardaban el predio.
Lo sucedido con el movimiento de los pueblos y el sindicato en Cananea muestra un aprendizaje mutuo que no es cosa menor en el noroeste mexicano. Por primera vez los ribereños (siete municipios, más los pescadores de la presa El Molinito, cercana a Hermosillo) se pusieron de acuerdo para realizar una acción conjunta, viajando más de 300 kilómetros, superando el ambiente de división e intrigas que los personeros de Germán Larrea habían trabajado en las comunidades. Los ribereños faltos de experiencia en la lucha agraria (salvo los ejidatarios del Bacanuchi, que lograron la expropiación del rancho cinegético que Ronald Reagan tenía en los años 90 allí mismo) empezaron a aprender rápido; jornaleros, ejidatarios, comerciantes, servidores de servicios, se agruparon en el Frente Unido Todos Contra Grupo México. En este acuerdo fueron claves dos factores; los presidentes de los comisariados ejidales que movieron a sus agremiados a acciones más contundentes, y la paciente y efectiva política de la sección 65, que convenció a los sectores involucrados en firmar la denuncia penal contra los crímenes ecológicos del Grupo México y explicar pacientemente cuáles son sus objetivos en la huelga que mantienen ya por siete años.
Este es un caso de características especiales. Por más de 100 años de explotación de la mina de Cananea (Larrea le cambió el nombre por Buenavista del Cobre), mineros y ribereños estuvieron ligados por la naturaleza y el río, pero separados social y políticamente sin comprenderse mutuamente, pero eso tiende a cambiar radicalmente. La toma de las instalaciones de rebombeo es prácticamente la toma de Cananea por una fuerza social compuesta por agricultores, vaqueros, comerciantes pobres, rancheros, mineros y ejidatarios organizados en un frente que obliga a pensarse mucho si se desea reprimirlo. Este es el reto que los norteños plantean al gobierno de Peña Nieto para que lo resuelva. Para que obligue a Larrea a resolverlo.
