urante los días del 22 al 25 de febrero de 2015 se llevó a cabo la reunión del Comité Ejecutivo de la AFL-CIO (Federación Estadunidense del Trabajo, por sus siglas en inglés), que representa a 13.5 millones de trabajadores miembros de los principales sindicatos y está dirigida por el presidente Richard Trumka. Las actividades se desarrollaron en el Westin Peachtree Plaza Hotel de Atlanta, Georgia, y fui invitado a participar activamente con mis intervenciones, que se sumaron a las de otros distinguidos líderes, políticos, escritores e intelectuales, como el profesor Robert Reich, autor de 13 libros y secretario de Trabajo durante el gobierno del presidente Bill Clinton.
Los temas que se analizaron son de vital importancia en el mundo actual, y la mayoría tiene que ver con el crecimiento de la desigualdad y las injusticias, así como con la práctica indeseable de muchas empresas multinacionales que, aliadas con los gobiernos conservadores, pretenden acabar con la democracia y la libertad sindical.
Una gran discusión se desarrolló en torno al Tratado de Comercio Transpacífico, el cual 11 países –incluido México– están a punto de firmar. Hasta ahora, nadie conoce los alcances de este nuevo tratado de libre comercio, pero observando los resultados negativos del que se firmó hace 20 años entre México, Canadá y Estados Unidos, la enorme mayoría de los asistentes lo rechazó porque representa profundizar la desigualdad entre y dentro de las naciones firmantes, porque es un instrumento de intervención geopolítica cuyo objetivo oculto es pretender frenar la expansión de China, pero lo más importante es que abrirá las puertas al comercio sin controles, a la explotación irracional de los recursos naturales, actuando directamente en contra del empleo permanente y la sindicalización de los trabajadores, al flexibilizar el mercado del trabajo como condición de las empresas para que éstas compitan por mano de obra muy barata hasta llegar a situaciones de semiesclavitud disfrazada.
Cuando las decisiones de política económica se toman a puerta cerrada, manifestaron los líderes sindicales, es porque se hacen para consolidar las preferencias de las élites políticas y empresariales, y no para beneficiar a las amplias mayorías de la población. Muchas de las estrategias en la política comercial se han hecho de esa manera durante muchos años, y los trabajadores, los campesinos y los agricultores, así como los pequeños empresarios y los productores domésticos han tenido que pagar un elevado precio.
En el mundo actual, los acuerdos comerciales van mucho más allá de imponer tarifas y cuotas. Hoy se utilizan más para promover la inversión extranjera, reducir las barreras al comercio y ampliar las redes de apoyo y distribución más ampliamente en favor de las grandes cadenas de ventas y de servicios. Los convenios o acuerdos de comercio afectan las protecciones ambientales, los derechos laborales, los incentivos a las inversiones socialmente necesarias, las políticas de salud alimenticia, así como las de antimonopolios y muchas más.
Por eso, los líderes sindicales manifestaron, durante la reunión de la AFL-CIO en Atlanta, que cuando los gobiernos hablen de política comercial, deben asegurar negociaciones transparentes, democráticas y participativas. Los gobiernos participantes deben evitar el uso de sus facultades como autoridad para la promoción comercial
(TPA por sus siglas en inglés) también denominada fast track. Es más democrático establecer la dirección y los estándares de la relación comercial, que imponerlas a escondidas.
Muchos se preguntaron por qué nunca se ha utilizado el fast track para promover el incremento de los salarios mínimos y los generales o para otorgar los derechos plenos a las mujeres o incluso ampliar el régimen de salud y seguridad social gratuita para las personas, entre otros temas fundamentales para fomentar la igualdad de género o el bienestar general de las mayorías de la población.
Como resultado de las crisis económicas, de políticas comerciales equivocadas, de la falta de oportunidades para trabajar y vivir con dignidad, en Estados Unidos la clase media se ha reducido a la mitad en los 10 años pasados. Si analizamos la situación de la desigualdad en México, ésta seguramente se habrá deteriorado de forma peor, ya que a los problemas anteriores habrá que agregar el dispendio de los recursos públicos, la inseguridad, los altos niveles de corrupción e ineficiencia, la elevada deuda y la debilidad de las finanzas públicas, así como la crisis de imagen, credibilidad y de confianza que está afectando gravemente al país. Ya lo señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp): el complicado entorno que vive el país se ha ido reflejando en la incertidumbre de los directivos empresariales para invertir. En su documento, precisamente titulado Crisis de confianza”, señalan que la confianza es el factor fundamental en el desempeño de la economía y exigen reglas jurídicas claras que den certeza.
De ahí que es tarea indispensable y responsabilidad ineludible de este gobierno de México respetar y aplicar con honestidad y transparencia el estado de derecho para evitar el fracaso. Pero también, y esto requiere de una visión estadista, luchar con todo para mejorar el bienestar general y el nivel de vida de la población. El principal reto es cómo reducir de inmediato y no incrementar la desigualdad. De los resultados que se obtengan en este empeño dependerá el lugar que México llegue a ocupar en nuestra historia como nación.
