La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dejó pasar el tiempo con la finalidad de no aprobar 37 puntos de acuerdo relacionados con llamados a distintas autoridades sobre casos como Tlatlaya, la desaparición y el asesinato de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, violaciones a derechos humanos de mujeres, periodistas e indígenas.

En su informe semestral, el presidente de la comisión, Heriberto Galindo Quiñones (PRI), explicó que prescribió el plazo de 30 días señalado en el reglamento de la cámara para discutir los temas turnados a esa instancia legislativa y, por tanto, ya no pueden ser abordados.

Dichos puntos de acuerdo fueron presentados entre el 5 de septiembre de 2014 y el 20 de febrero pasado, cuando Miriam Cárdenas (PRI) aún presidía la comisión, antes de solicitar licencia para regresar al Tribunal Superior de Justicia de Coahuila como magistrada.

Sin embargo, Galindo Quiñones no solicitó la prórroga que pueden pedir las comisiones para abordar las iniciativas, minutas o puntos de acuerdo que les turnan.

En el informe se incluyen las asistencias de los diputados a las sesiones de la comisión, y destaca que la diputada Teresa Jiménez Esquivel (PAN) no asistió a ninguna de las cuatro reuniones convocadas en ese periodo.

El artículo 150 del reglamento de la cámara señala que el presidente de la comisión está obligado a comunicar a la Junta de Coordinación Política cuando un diputado acumule tres faltas consecutivas sin causa justificada, para que se decida si el legislador faltista es sustituido.

Entre las propuestas desechadas están dos solicitudes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y a la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar la detención del periodista Pedro Celestino Canché Herrera, así como las agresiones contra ciudadanos que se oponen al alza de tarifas de agua en la entidad.

En otras dos se solicita al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, que otorgue la debida atención y garantice la seguridad de la reportera Karla Janeth Silva Guerrero, quien fue agredida en su propia redacción, y se pide a la junta de gobierno del Mecanismo de protección para personas defensoras y derechos humanos y periodistas ordenar medidas cautelares.

Otros dos se refieren a solicitudes a la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional y la CNDH para que investiguen exhaustivamente y conforme a derecho el homicidio de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, estado de México.

La comisión también desechó las solicitudes dirigidas a los gobiernos federal y de Guerrero para sancionar con todo el rigor de la ley a los responsables del asesinato y desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. de Ayotzinapa.