l pasado 9 de marzo, un grupo armado levantó a Aidé Nava González. Ella se encontraba en el crucero de Tecoanapa, a la mitad de la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero. Viajaba en una camioneta Ford Lobo. Un día después fue hallada sin vida y decapitada.

Cerca de su cadáver se encontró un mensaje que decía: Esto le va a pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear, putos chaqueteros. Atte. Puros Rojos ZNS.

Unos días antes, Aidé Nava se había registrado para postularse a la candidatura a la alcaldía de Ahuacuotzingo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Su nombramiento era casi seguro. No tenía adversarios serios en las filas del sol azteca.

Apenas nueve meses atrás, su esposo, Francisco Quiñonez Ramírez, fue asesinado al regresar de hacer compras en Chilapa, para celebrar su cumpleaños 42. Un grupo de hombres armados rafagueó su vehículo Ford Lobo rojo. Él falleció desangrado. Aidé Nava lo acompañaba.

Francisco Quiñonez fue presidente municipal de Ahuacuotzingo durante el periodo 2009-2012. Aunque militó originalmente en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó la alcaldía con las siglas del PRD. Antes de ser ejecutado preparaba su regreso a la política. Piedras de color amarillo con las letras F y Q, con la leyenda soy tu amigo, aparecieron pintadas en los caminos del municipio.

A pesar de pertenecer formalmente a un partido que se reclama de izquierda, Quiñonez fue muy criticado como alcalde. Abundaron las acusaciones en su contra por autoritarismo y corrupción. Durante su gestión la violencia floreció. Él lucró con la distribución de fertilizante para los campesinos. Al dejar la presidencia municipal era dueño, entre muchos otros bienes, de multitud de vehículos que no tenía antes de ocupar el puesto.

Tanto Aidé Nava como Francisco Quiñonez pertenecían a la corriente Nueva Izquierda, dirigida en Guerrero por el diputado federal Sebastián de la Rosa. Mantenían una excelente relación con el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, acusado de ser el responsable intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cuando Abarca cayó en desgracia, De la Rosa lo defendió a capa y espada.

En octubre de 2012, Francisco Quiñonez Nava, hijo de Aidé y Francisco, fue secuestrado en Chilpancingo. Sus captores subieron un video en el que el muchacho, con los ojos vendados, pedía a sus padres entregar 300 mil pesos para su liberación. Hasta la fecha se encuentra desaparecido. Botón de muestra de cómo funciona la justicia en el reino de la impunidad guerrerense, ni la ejecución de Francisco Quiñonez ni el secuestro de su hijo fueron esclarecidos.

Unos cuantos días antes de la muerte de Aidé Nava fueron ejecutadas en el municipio otras dos personas activas políticamente: Antonio Cantoral y Moisés Casarrubias, que se ganaba la vida vendiendo carros clonados. Nadie ha sido encarcelado por estos crímenes.

La expresión reino de la impunidad no es un eufemismo, según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en promedio, 61.43 por ciento de las víctimas en la entidad no presenta denuncia, por temor a que la delincuencia tome represalias en su contra o por temor a la convivencia entre las autoridades y los grupos criminales.

Ahuacuotzingo es un municipio importante en el mundo de las drogas de Guerrero. Ubicado en el centro-este del estado, con una población de unos 25 mil habitantes, es, en su parte alta, zona de siembra de amapola y mariguana, y lugar de paso de estupefacientes. Forma parte de uno de los corredores por los que se transportan las sustancias ilícitas, que une Olinalá con Chilpancingo, o con Copalillo, Atenango y Huitzuco.

La plaza, gobernada ahora por el PRI, es disputada por el cártel de Los Rojos y el de Los Ardillos, que mantienen una pelea a sangre y fuego por el estratégico municipio de Chilapa. Allí han aparecido en los años recientes numerosos cuerpos decapitados y restos humanos incinerados.

La disputa por el corredor del que Ahuacuotzingo forma parte se ha vuelto más intensa desde que emergió, a finales de enero de este año, la policía comunitaria en Petaquillas.

Bautizada como Frente Unido de Seguridad para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg), integrada por más de 100 comunidades de los municipios de Acapulco, Chilpancingo y Tierra Colorada, esta policía ciudadana coordinó el levantamiento popular del pueblo aledaño a la carretera federal México-Acapulco, a 10 kilómetros de Chilpancingo.

Petaquillas –explicó Sergio Ocampo en las páginas de este diario– es un lugar clave, no sólo porque está cerca de la capital del estado, sino porque aquí confluyen las dos sierras: los caminos que comunican a la Costa Chica, la zona centro, la Montaña y Acapulco.

Zona de paso de droga, Petaquillas vivió en la inseguridad durante más de cuatro años. Los grupos delincuenciales establecieron allí un clima permanente de terror y zozobra.

El surgimiento y la acción del Fusdeg puso orden en las comunidades de la región. Sus policías comunitarios frenaron el trasiego de drogas por sus caminos. Con una eficacia no vista en las policías estatal y federal, realizaron varios decomisos de estupefacientes y procedieron a incinerarlos. En los hechos, taponaron una de las rutas más importantes en el tráfico de heroína y mariguana en la entidad.

El actual brote de violencia en Ahuacuotzingo puede interpretarse, en parte, como producto de la guerra por rutas alternativas para el trasiego de drogas propiciado por el bloqueo de Petaquillas.

La ola de asesinatos de Ahuacotzingo, Chilapa, Chilpancingo, Iguala o Acapulco (por citar unos cuantos ejemplos) muestran cómo los próximos comicios en Guerrero serán elecciones condicionadas por el poder del narco. En muchos municipios de la entidad es imposible que los ciudadanos hagan una vida normal. No puede entonces extrañar que miles de guerrerenses demanden la cancelación de las elecciones.

Twitter: @lhan55