La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue promulgada sin evaluar la dimensión real de los problemas que enfrentan los menores de edad, y deja en la indefinición las facultades de los tres niveles de gobierno, por lo que si no se corrigen pronto estos aspectos, la norma podría no cumplir sus objetivos e incluso hacer más difícil la protección de las garantías de los infantes.

Así lo advirtió Alfonso Poiré, asesor de la organización civil Save The Children, quien subrayó que si no hay claridad sobre el diagnóstico de la situación que enfrentan los niños y niñas del país, ni presupuesto suficiente para dicha labor, será imposible diseñar políticas públicas adecuadas.

Antes de aprobar la ley no se hizo un análisis estratégico sobre la infancia. Se ha pospuesto la discusión de la seriedad y magnitud que tiene este problema, y si no se tiene clara la realidad del mismo, es muy difícil proponer salidas, dijo.

Aunque el Presidente envió este proyecto como una iniciativa preferente, no hubo un proceso de consulta serio con las organizaciones de la sociedad civil para armar los contenidos de la ley. Sólo se hizo un foro de un día en el Senado, pero la mayoría de las observaciones no fueron atendidas, cuando debió haberse hecho un proceso de elaboración con meses de trabajo.

En las instituciones del país, recalcó Poiré, no hay una comprensión real de la magnitud del problema de la infancia, que hoy está invisibilizado. Estamos trabajando sobre la superficie del tema, y no siempre bien, cuando deberíamos actuar de forma mucho más clara, decidida y eficaz.

Por todo ello, diversas organizaciones sociales conformaron un Frente Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que pugnará por enriquecer la ley y vigilar que el proceso de reglamentación de la ley logre resarcir las fallas de ésta.