Palaú, Coah.

Las montañas de desechos de carbón rodean este pequeño pueblo minero del municipio de Múzquiz. Recorrer el camino rumbo al ejido El Naranjo es como transitar por otro planeta, cubierto de basureros tóxicos generados por la planta lavadora de carbón propiedad de Grupo Acerero del Norte (GAN), del holding de Altos Hornos de México (Ahmsa).

Día y noche, esta planta lava el carbón extraído de las minas de la unidad Mimosa, enviado a Monclova para alimentar los altos hornos de Ahmsa, empresa privatizada por Carlos Salinas de Gortari en 1991 y adquirida por el empresario Alonso Ancira.

Los basureros tóxicos de carbón han ido devastando pueblos mineros como éste, cuyos caminos están invadidos por los enormes terreros producto de la planta lavadora. La flora y fauna del Camino Real, que conduce al ejido El Naranjo, fueron arrasadas poco a poco por los residuos del mineral, lanzados en zonas habitacionales sin límite alguno y generando graves enfermedades de todo tipo en la población.

Ninguna autoridad se hace responsable: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ignora las denuncias ciudadanas; los gobiernos municipales, coludidos con los empresarios y coyotes del carbón, se niegan a hacer algo, mientras el gobernador, Rubén Moreira, no actúa y permite la impunidad, para seguir beneficiando su empresa estatal, Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), y continuar vendiendo el carbón a la Comisión Federal de Electricidad.

Gobierno, empresarios, concesionarios y coyotes del carbón fueron acumulando ilegalmente terreros y basureros tóxicos, que ahora es imposible eliminarlos.

La propia naturaleza tardará entre 500 y mil años en erosionar esos terreros altamente contaminantes. Mientras tanto, los humanos tendrán que absorber el polvo que generan. No hay recuperación. Esta zona es como el infierno al cubo. Ni Dante hubiera sido capaz de describir un escenario más catastrófico, señala Guillermo Martínez Berlanga, director del Comité Ecológico pro Bienestar, quien exige procesar al gobernador Rubén Moreira por ecocidio en la zona carbonífera.

Reino de impunidad

En la zona carbonífera sólo se salvan de la devastación las cabeceras municipales de Sabinas y Múzquiz, donde viven los dueños del carbón, pero pueblos mineros como Cloete, Palaú, Agujita, Barroterán, La Florida o Nueva Rosita ofrecen una imagen de destrucción generalizada.

En Cloete, por ejemplo, al primer regidor Álvaro Jaime Arellano, del Partido del Trabajo, supuesto dueño de sospechosas concesiones, el alcalde de Sabinas, Lenin Flores Lucio, le otorga los permisos para la extracción ilegal del carbón en zonas habitacionales.

En este pueblo, coyotes y concesionarios del carbón fueron cerrando ileglamente caminos, arrasando con casas y parques. Servando Guerra, conocido prestanombres de Reynold Bermea, asesinado a balazos el año pasado y vinculado al grupo de los empresarios narcomineros, ofrece una escritura que no está registrada para despojar de terrenos a los habitantes del pueblo.

Hace unos días el alcalde Lenin Flores autorizó quitar lámparas y bancas del parque y la cancha de futbol de Agujita, para permitir al regidor Jaime Arellano la extracción ilegal de carbón.

“El alcalde es parte del ‘negocio’, porque son ya demasiados atropellos. El munícipe apoya a los supuestos ‘dueños’ del carbón sin que muestren documentos de nada. Toda esta área la están sobreexplotando”, dice la activista Cristina Auerbach Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, que acaba de abrir una oficina en Cloete y ha encabezado la reapertura de los caminos por los propios vecinos.

Auerbach Benavides dejó su vida en la capital de la República hace cuatro años para venir a vivir a este centro de la devastación, donde han muerto cientos de mineros a consecuencia de una política inadecuada de seguridad de las empresas y la falta de supervisión del Estado.

El daño ambiental que están produciendo es gravísimo. Están encapsulando a los pueblos, bloqueando caminos, dejando desechos tóxicos y grandes terreros. Frente a esto, la salud de las personas está seriamente dañada. Y sin embargo, de las enfermedades nadie habla, afirma.

Mientras recorre las zonas devastadas, doña Lidia Salazar Viera, vecina de Cloete, muestra sus manos manchadas por el mal del pinto. La enfermedad de los pulmones no la deja respirar bien, la vista se le ha ido deteriorado, al igual que la calidad de vida. Aquí enfrente hay un niño de cinco años enfermo de asma; otras personas tienen cáncer y todos tenemos problemas de pulmones, señala.

Auerbach Benavides tiene una explicación del continuo deterioro ambiental y de salud, ignorado por las autoridades: “Todos son parte del negocio del carbón: políticos, funcionarios estatales, municipales y federales, empresarios, coyotes, concesionarios. Aquí se está pidiendo ayuda desde 1993; el gobernador Rubén Moreira también está enterado. ¿Cómo es posible que nadie detenga la devastación? Esto es porque todos obtienen beneficios”.

Por los caminos de Nueva Rosita, los restos de los tajos y minas saqueadas y después abandonadas por Grupo México, propiedad de German Larrea Mota Velasco, llevan más de 30 años generando contaminación: “Esto refleja el desprecio por la población minera. Si dejan los desechos afuera de La Florida, donde están los tiraderos y los cerros de carbón; si hay terreros colindando con las casas en Palaú, y si abren los tajos en los patios de las viviendas en Cloete, es que no les importa la gente.

Sacan carbón de las casas, de los parques, de las canchas deportivas. Pareciera que los pueblos están para cubrir los daños que provocan, comenta.

Después de recorrer varias horas la zona devastada de estos pueblos mineros, la garganta empieza a resentir el polvo negro que se respira, es penetrante el olor a carbón lavado. La coquizadora de Minsa, propiedad del empresario Armando Guadiana, daña la vida de los habitantes de Minas de Barroterán.

¿Cómo es posible que después de 20 años de la privatización de las minas y de que la planta lavadora pasó a ser de Ahmsa, el pueblo de Palaú siga en esas condiciones? Cuando llueve, la gente no puede circular por la cantidad de lodo negro, y las mujeres se la pasan lavando ropa del mugrero generado por esa planta ubicada en el pueblo, indica.

Precisamente la lluvia de hoy ha provocado que todos los vehiculos que logran circular por las calles sin pavimentar de Palaú estén cubiertos de lodo negro. El polvo cubre las casas y los escasos árboles que aún quedan. El cauce de los arroyos ha sido desviado por los empresarios y coyotes del carbón, y se han afectado los mantos acuíferos.

“El segundo lugar de personas con cáncer lo tiene Coahuila, por la carbonífera, y tiene el primer sitio a escala nacional en afectados por enfermedades pulmonares. Los tajos y minas abandonados están siendo utilizados como basureros. A los empresarios le sale más baratos abandonar las minas y decir que las tienen en suspensión durante décadas, que arreglar el daño ambiental que provocaron”

El escenario en ruinas de la voraz industria del carbón y sus daños al medio ambiente y a la salud son irreversibles, dice Martínez Berlanga, quien no tiene duda del futuro que le espera a los pueblos mineros y sus habitantes.

“Es un ecocidio lo que sucede aquí; Es un daño irreversible, imposible de resarcir, de convertirlo en un proyecto verde. Urge reforestar, limpiar los ríos y cancelar la industria del carbón, como se hizo en Inglaterra”, señala.

El ecologista exige enjuiciar al gobernador Rubén Moreira: Debe ser procesado por daño ambiental, por atentar contra la salud y la seguridad de los habitantes, así como por la contaminación que han generado. Es un gran negocio, porque no pagan la materia prima y mal pagan la mano de obra esclava; tampoco cubren el costo ambiental, no pagan impuestos ni seguro social. El círculo de impunidad es grande y pervertido. Y lo que es peor: no están respetando las zonas de amortiguamiento ni las de absorción entre los poblados y los centros de producción.

Comprometido con la defensa del medio ambiente en todas sus manifestaciones, a pesar de las amenazas, Martínez Berlanga lleva años estudiando los daños provocados por la contaminante industria del carbón: “Estas minas deben desaparecer. Están ligadas a la miseria y esclavitud de los mineros. Son la corrupción, la impunidad y la falta de una política ambiental del Estado mexicano, lo que permite este escenario perverso y catastrófico que será mucho peor con el fracking. Hay que regular todo y empezar a aplicar la ley”.

Lo peor, dice, es el daño a la salud, que nadie contabiliza ni registra: “Las enfermedades por la contaminación de la producción del carbón están dañando ojos, mucosas, pulmones y piel. El sistema reproductivo y digestivo se ve seriamente afectado. Hay cáncer, asma, enfermedades cardiacas y pulmonares, así como cataratas. La toxina que produce el carbón puede matar gente en muy poco tiempo. Es un ecocidio”, concluye el activista.