La ley general de transparencia que se votará este miércoles en el Senado no obliga realmente al Poder Legislativo a hacer público a detalle la forma en que ejerce el presupuesto millonario que recibe cada año, expresaron legisladores y organizaciones sociales.

Tal como quedó redactado, el artículo 72 de esa ley impide que se conozcan los gastos de cada cámara, especialmente el presupuesto asignado cada grupo parlamentario, que en el caso del Senado fue de más de 800 millones de pesos el año pasado.

El artículo 72 tiene 15 incisos con igual número de obligaciones del Poder Legislativo. La número 13 señala que las dos cámaras, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los congresos locales, deberán presentar un informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.

El senador del PAN Javier Corral consideró que se trata de una redacción genérica y ambigua que acaba por anular el propósito de la ley, que es llevar la transparencia a todos los poderes, entre ellos el Legislativo.

Resaltó que No se le debe exigir a otros poderes conductas que el Congreso no quiere imponerse a sí mismo, punto en que coincidió Alejandro Encinas, de la bancada del PRD.

Corral precisó que es uno de los artículos que se reservó, para proponer que se modifique, vía una redacción más específica y detallada que permita conocer, de forma desglosada, los gastos de los grupos parlamentarios y su debida comprobación.

Organizaciones como México Informate, Artículo 19, Fundar y Equipo Pueblo no quedaron conformes con ese artículo y otros más del dictamen aprobado el jueves, que se someterá a discusión. Además del artículo 72, consideran que el 70 debe también modificarse, para que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos.

Exhortamos al Poder Legislativo a que en todo momento se asegure la transparencia del Poder Legislativo y que se eliminen todas aquellas disposiciones que en lugar de fortalecer el derecho a la información, lo limitan, se señala en un documento firmado por México Infórmate y Artículo 19.